Argentina ha iniciado este jueves los procedimientos contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por considerar que las decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses sobre la reestructuración de su deuda violan su soberanía, según ha informado el tribunal. Descargue aquí el documento íntegro.
El documento, que puede leer más abajo, sostiene que EEUU ha permitido violaciones a la sobernía e inmunidades que protegen a Argentina por admitir decisiones judiciales adoptadas por los tribunales estadounidenses en relación a la demanda iniciada por los fondos buitre.
Argentina ha decidido materializar la amenaza de acudir a La Haya después de que el juez neoyorquino, Thomas Griesa, fallase a favor de los acreedores que reclaman al país unos 1.500 millones de dólares por deuda en mora desde el cese de pagos de 2001, una decisión que apoyó la Corte Suprema de EEUU.
Buenos Aires, que según esta decisión se vería obligada a pagar en efectivo la deuda reclamada, rechaza cumplir el fallo firme del juez Griesa al alegar que daría pie a un aluvión de demandas de bonistas que aceptaron reestructurar su deuda en 2005 y 2010 con importantes quitas.
Fuentes de la CIJ explican a Efe que esta "petición oficial" de Argentina no constituye un "nuevo caso" ante la corte a menos que EEUU reconozca la jurisdicción de ese tribunal de la ONU en el asunto en cuestión. También indicaron que "no hay un plazo" para que EEUU remita su respuesta y que incluso el país "no está obligado" a pronunciarse.
Sólo en el supuesto de que Washington responda que acepta la competencia de la CIJ en ese caso se iniciarían acciones y se abriría un proceso, dijeron las fuentes.
La 'batalla' de Argentina
El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, ha acusado este jueves al juez estadounidense, Thomas Griesa, autor del fallo favorable a los fondos buitre sobre la deuda, de actuar como un "santo padre" que "promueve la inseguridad jurídica" al bloquear el pago de los bonos reestructurados. Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich cargó contra el magistrado y contra el mediador que designó para las negociaciones con los fondos demandantes, Daniel Pollack, por excederse en sus competencias y promover una suspensión de pagos que tacho de "inexistente".
"No ha habido ningún evento de incumplimiento", ha reiterado el responsable argentino, para quien Griesa "asume la condición de un santo padre" y "promueve la inseguridad jurídica" al bloquear el último pago depositado por Argentina para cumplir con los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 (el 92,4 % del total de los acreedores).
El pago fue efectuado por Argentina, pero por orden de Griesa permanece congelado hasta que el país pague también a los fondos que le demandaron para cobrar el importe íntegro de la deuda en mora desde la crisis de 2001. El Ejecutivo argentino de la presidenta Cristina Fernández envió ayer un aviso legal a los acreedores reestructurados en el que reitera que el país ha cumplido sus obligaciones de pago y recuerda que "que existen varios derechos -y sus consecuentes remedios judiciales-" a disposición de los afectados, como el cambio de agente fiduciario.
Tras ello, el magistrado estadounidense emitió una resolución ordenando a Argentina que no interfiera contra el bloqueo de 539 millones de dólares que ese país envió al Bank of New York (BoNY), en su calidad de intermediario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos con los tenedores de bonos reestructurados.
"Lo que sostiene nuestro país es que lo que el juez debe resolver es precisamente la transferencia a cada uno de los tenedores, porque los fondos depositados son de los bonistas (tenedores de bonos) y no de Argentina", dijo Capitanich. "(Griesa) sostiene que el BoNY no tiene ninguna responsabilidad legal ni con el fideicomiso ni con una persona o entidad por cumplir los términos", continuó Capitanich, quien calificó esta consideración de "injerencia incorrecta e indebida", ya que el impago por parte del BoNY viola los contratos con los tenedores de deuda. "Es ley para las partes, es una obligación para Argentina y es una obligación del agente fiduciario propiciar la transferencia correspondiente a sus tenedores", afirmó.