La ministra de Educación presentó ayer su propuesta de nueva ley educativa ante los consejeros del sector. Para las comunidades autónomas donde gobierna el PP, la propuesta ha caído como un jarro de agua fría. Consideran que ha habido una "falta de respeto institucional y de formas" y, sobre todo, de diálogo. El consejero madrileño, Rafael van Grieken, destacó que "este proyecto de ley tiene de todo menos los elementos necesarios para mejorar la educación en España". En la misma línea, abogó por "una alta inspección del Estado que cumpla su función para que las CCAA tengamos una igualdad educativa para toda España". Por su parte, Comunidad Valenciana y Navarra esperan que el nuevo sistema educativo deje atrás la LOMCE que "tanto daño ha hecho". El Gobierno canario ve necesario un consenso amplio en la reforma de la ley educativa que dé "estabilidad" a la norma.
En la Conferencia Sectorial de Educación, la ministra Isabel Celaá resaltó los tres principios clave de su reforma educativa: el refuerzo de la educación infantil, la transversalidad de la coeducación y la personalización del aprendizaje.
Cabe destacar que la nueva ley educativa pretende modificar la anterior Ley Orgánica de Educación (LOE), socialista, porque sobre ese texto se basó la LOMCE, que ahora se pretende derogar.
En su anteproyecto de ley se quita peso a la religión, que no computa para la nota media; se crea la asignatura de Valores Cívicos y Éticos para un curso de Primaria y otro de Secundaria; se introduce Filosofía e Historia de la Filosofía como materias comunes de Bachillerato; da más peso a las lenguas cooficiales donde las comunidades fijarán la proporción del uso de la lengua castellana, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas. También elimina los itinerarios de la ESO y se modifican los PMAR Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, estableciendo otros de Mejora de las Oportunidades a partir de 3º de la ESO. Además, Educación pretende restaurar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros; se realizarán evaluaciones solo de carácter informativo de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por los alumnos tras finalizar Primaria y Secundaria, y el Gobierno se reserva el derecho a determinar entre el 55 por ciento y el 65 por ciento de los currículos educativos, que completarán las comunidades. También, se elimina la "demanda social" para la oferta de los centros concertados (retirada del artículo 109.2 de la Lomce).
Por otro lado, en los pasillos ministeriales, durante la Conferencia Sectorial de Educación, las comunidades autónomas participantes han rechazado de pleno la propuesta de Vox de devolver las competencias educativas al Estado. La consejera de Educación de Andalucía, Sonia Gaya, apuntó que devolver las competencias "no soluciona absolutamente nada". "Hemos luchado mucho como para ahora perder esos derechos y que a 600 kilómetros se decida cuáles son las necesidades de una región concreta y cuáles son sus prioridades", aseveró.
Enmiendas a la ley
El pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE) aprobó el martes 122 enmiendas al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación. Algunas de las propuestas aprobadas han sido la incorporación de un sistema de evaluación docente por parte de los estudiantes, gratuidad de los materiales escolares en la etapa obligatoria, mejoras en el sistema de becas y ayudas al estudio, incluir filosofía durante la ESO, más seguridad en las pruebas de acceso a la universidad, incluir conceptos de fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa en el currículo y capacidad para asociarse de los estudiantes a partir de los 12 años.
Además, el Pleno del Consejo Escolar del Estado rechazó ayer alrededor del 80 por ciento de las enmiendas presentadas, entre ellas, todas las que defendían el espíritu de la Lomce.
El anteproyecto incorporará las propuestas de comunidades y organizaciones educativas en las próximas semanas, antes de que vuelva al Consejo de Ministros.
