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Celaá no entierra la LOMCE, modificará lo más controvertido

  • También elimina los itinerarios de la ESO y se modifican los PMAR

La reforma educativa que el Gobierno del PP materializó a través de la llamada Ley Wert, que se convirtió en el foco de protestas y manifestaciones en toda España, seguirá en vigor pero con algunas modificaciones. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, afirmó ayer que el Gobierno se limitará a "modificar los aspectos más controvertidos" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), a pesar de que el borrador de la reforma que prepara su Ministerio contiene una disposición donde se señala esta derogación. Hace unas semanas, Celaá indicaba que no creía necesario un Pacto de Estado por la Educación porque las propuestas que está realizando el Gobierno para lo que sería la octava reforma educativa de la democracia, estaban planteadas para lograr un acuerdo.

El anteproyecto del Ejecutivo habla de derogación "desde una perspectiva jurídica". La ministra, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, indicó que una derogación completa de la ley provocaría una situación jurídica "nada deseable", puesto que "no resolvería los problemas", porque lo que realmente hizo la LOMCE fue sustituir a la anterior ley, la socialista LOE (Ley Orgánica de Educación), por lo que el objetivo principal del Ejecutivo es hacer un nuevo texto para el ya aprobado en la etapa de José Luis Rodríguez Zaptero.

Ciudadanos criticó que se quiera volver a la LOE pues es "una ley obsoleta que no dio buenos resultados", aseguraba Marta Martín. Por su parte, desde Unidos Podemos-En Comú-En Marea no están dispuestos a volver a la LOE, quieren "una ley de 2018 por una educación pública" y que frene "la ola concertadora", afirmó Javier Sánchez. En la misma línea, el PP no quiere volver al pasado. La diputada Sandra Moneó recordó que con esa norma el abandono educativo temprano rondaba el 30 por ciento.

Anteproyecto

En relación al currículo escolar y las propuestas más controvertidas, la ministra apuntó que quieren dejar el Bachillerato en dos años y que los alumnos con suspensos continuarán con ellas el segundo de los cursos gracias a "un sistema más flexible", "sin la necesidad de repetir". La polémica apareció cuandola ministra anunció el día 12 de noviembre que los estudiantes de Bachillerato podrían tener el título de esta etapa aunque se tuviera un suspenso. En el caso de que no se superaran esos suspensos, la propuesta del Gobierno es que haya un tercer año para terminar.

No obstante, si el equipo docente considera que el alumno ha aprobado todas las materias, excepcionalmente, pueden conceder el título. Celaá busca que ningún alumno se quede atrás en esta etapa educativa. De hecho, apuntó que "apenas llegará al 1 por ciento el alumnado que hará los dos cursos de Bachillerato en tres".

Asimismo, en su anteproyecto de ley se quita peso a la religión, que no computa para la nota media; se crea la asignatura de Valores Cívicos y Éticos para un curso de Primaria y otro de Secundaria; introduce Filosofía e Historia de la Filosofía como materias comunes de Bachillerato; da más peso a las lenguas cooficiales donde las comunidades fijarán la proporción del uso de la lengua castellana, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas. La catedrática Elena Martín, asesora de la ministra, defendió ayer que la reforma deje en manos de las Comunidades Autónomas la regulación de las lenguas cooficiales, frente a la "obsesión de recentralizar, recentralizar y recentralizar" de la LOMCE.

También elimina los itinerarios de la ESO y se modifican los PMAR –Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento–, estableciendo otros de Mejora de las Oportunidades a partir de 3º de la ESO. Además, Educación pretende restaurar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros; se realizarán evaluaciones –solo de carácter informativo– de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por los alumnos tras finalizar Primaria y Secundaria, y el Gobierno se reserva el derecho a determinar entre el 55 y el 65 por ciento de los currículos educativos, que completarán las comunidades. También, se elimina la "demanda social" para la oferta de los centros concertados (retirar el artículo 109.2 de la LOMCE). Por su parte, los defensores de la concertada apuntan que estos centros –donde hay más de dos millones de alumnos matriculados– están avalados por el artículo 27 de la Constitución y por sentencias del Tribunal Constitucional. En relación a las plazas, el anteproyecto destaca que cuando no haya plazas suficientes se tendrán en cuenta, entre otros temas, las familias monoparentales, la condición de víctima de violencia machista o terrorismo.

Asimismo, Ciudadanos ha sacado a la palestra el tema económico. Reprochó a Celaá la faltra de garantías que está ofreciendo el Gobierno ante su propuesta de destinar el 5 por ciento del PIB a Educación, de hecho, fue la cuestión presupuestaria lo que hizo al PSOE salirse de las negociaciones del Pacto Educativo.

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