Barcelona
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, junto al resto del Gobierno autonómico, asistirán a la manifestación del próximo sábado convocada por Somescola en Barcelona contra el fallo del 25% de castellano, según ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja.
En una rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Plaja ha confirmado que el Govern acudirá a esta manifestación en la que no participará el PSC, algo que, a su juicio, "le costará entender" a la ciudadanía y que, más allá de la movilización, los socialistas "deberían estar a la altura en este momento delicado para la lengua", ante lo que les ha pedido que no abandonen el consenso de la inmersión lingüística.
Además, se ha referido a la cumbre del jueves a las 18.00 horas que tendrá lugar en el Palau de la Generalitat en la que también participará Aragonès, el vicepresidente, Jordi Puingeró, Cambray y la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, junto a entidades y asociaciones culturales, educativas y en defensa del catalán.
En esta cumbre abordarán cómo defender la inmersión lingüística y qué medidas tomar ante la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la decisión del TSJC de fijar un 25% de castellano en las escuelas catalanas.
Rechaza que Cambray asuma la dirección de Turó del Drac
En otro punto, ha rechazado que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, asuma la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado un 25% de castellano, y ha pedido abandonar el "partidismo" y afrontar la protección del catalán desde el consenso.
En concreto, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha planteado que Cambray asuma la dirección del centro de Canet para mantener el modelo de inmersión lingüística en esa escuela, una propuesta que apoyaron Junts y la CUP pero que ERC rechazó.
En este sentido, Plaja ha dicho que el Govern no tenía conocimiento previo de esta propuesta cuando Borràs la planteó en una entrevista, pero que hay consenso en el Ejecutivo, y ha defendido que "hacen falta soluciones efectivas y no inventos".
La portavoz del Govern ha argumentado que en los últimos años y en los anteriores Ejecutivos ha habido unos 80 casos parecidos al de Canet y se ha actuado "de la misma manera".
De hecho, fuentes de la Generalitat han concretado que Cambray (ERC) ha ejecutado cinco sentencias de este tipo desde que asumió el cargo y que sus predecesores en la Conselleria de Educación también las aplicaron: doce Josep Bargalló (ERC), una Clara Ponsatí (Junts), seis Meritxell Ruiz (CDC) y once Irene Rigau (CiU).
Considera que no se puede comparar esta situación con lo que hizo la exconsellera de Educación Clara Ponsatí en el referéndum del 1-O asumiendo el control de los centros para evitar problemas judiciales a los directores: "Hacer comparativas con momentos históricos excepcionales tiene poco sentido en esta situación".
"Coger el control de los centros durante 48 horas no lectivas dista muchísimo de asumir los centros educativos de manera permanente", algo que cree que sería un riesgo para el modelo de autonomía de las escuelas.
Además, ha condenado cualquier amenaza o señalamiento al menor y a la familia que pidió más castellano en la escuela de Canet: "El Govern no pondrá un 'pero' ni justificará una actitud discriminatoria sea cual sea el motivo. Se condena siempre por parte de este gobierno cualquier tipo de amenaza", y también ha rechazado las difamaciones y calumnias sobre esta cuestión que, a su juicio, buscan romper la convivencia en Catalunya.
Ha insistido en que el compromiso del Govern es incrementar el uso de la lengua en todos los sectores y ha asegurado que una sentencia judicial no les hará "desviar de los objetivos marcados para asegurar el presente y el futuro del catalán".
