El CES pide al Gobierno combatir la exclusión financiera en las ciudades y educar sobre criptoactivos

El Consejo Económico y Social (CES), órgano público consultivo en materia socioeconómica y laboral, quiere que el Gobierno vaya más allá en los esfuerzos por evitar la exclusión financiera y ponga también foco en su impacto en el ámbito urbano. Su demanda la incluye en el dictamen al anteproyecto de la Ley de Digitalización y Modernización del sector financiero aprobado este jueves por el organismo y donde también alerta sobre la "necesidad de mejorar la educación financiera de la ciudadanía, especialmente ante la aparición de productos financieros complejos, como los criptoactivos".

El anteproyecto, aprobado en diciembre por el Gobierno y pendiente de su remisión al Congreso para la correspondiente tramitación parlamentaria, supone una macronormativa para impulsar la digitalización y modernización del sector financiero que pondrá especial acento en garantizar la seguridad y la protección del cliente. Entre otros aspectos, incluye normativas sobre ciberseguridad y ciberresiliencia del sector, relativas a medios de pago o la revisión del sandbox. Busca incentivar la innovación, para mantener un sistema financiero competitivo, al tiempo que establece las garantías de protección al ciudadano y previene riesgos sobre la estabilidad financiera.

El CES brinda una valoración positiva de la normativa en su dictamen, poniendo foco precisamente en mejorar esas garantías extras de protección al consumidor de servicios financieros. El documento aprobado hoy alienta al Gobierno a considerar la inclusión financiera "en todas sus dimensiones", recordando la necesidad de velar por la inclusión financiera en el medio rural, y apunta la conveniencia de analizar cómo podrían afectar las diferentes formas de exclusión en el ámbito urbano.

A pesar de los esfuerzos y actuaciones desplegados en los últimos años por el sector financiero para asegurar la inclusión, el organismo subraya que persisten brechas de acceso al sistema financiero que pueden dar lugar a situaciones de exclusión y afectan de forma más acusada a la población vulnerable -mayores, población rural y personas con discapacidad-. Alienta al Gobierno a aprovechar la norma ahora en tramitación sobre digitalización para mejorar la situación.

Cree que debería aprovecharse el anteproyecto para reforzar igualmente la educación financiera de la ciudadanía sobre productos complejos como los criptoactivos, dotando a los consumidores de las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios "para adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas". Abunda además en la necesidad de contar con una regulación de criptoactivos "exigente" que ofrezca, en línea con lo previsto en la normativa comunitaria, con suficientes mecanismos de supervisión y con medidas de protección a los usuarios.

El CES muestra su preocupación además sobre el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en los servicios financieros y, en particular, en el "trading algorítmico". Si bien son servicios ya regulados a escala europea, aboga por reforzar los mecanismos de control para "lograr mayor estabilidad financiera y evitar abusos de mercado". Insiste en procurar evitar sesgos perjudiciales en los algoritmos y subraya la importancia de la supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) o, en su caso, de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.