Banca y finanzas
Economía defiende que las condiciones a la opa de BBVA se fijaron por normativas aplicadas "en varias ocasiones"
Eva Contreras, Matteo Allievi
El Gobierno defiende su intervención en la opa de BBVA a Banco Sabadell después de que la Comisión Europea haya decidido abrir un procedimiento de infracción contra España, al considerar que entra en conflicto con el derecho comunitario.
Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que la resolución tuvo lugar en aplicación de una normativa "que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones". El departamento liderado por Carlos Cuerpo ha recibido la comunicación de la Comisión Europea donde apunta un desalineamiento de la normativa española vigente con la normativa europea.
"En concreto, se refiere al supuesto desalineamiento de artículos concretos de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y de la Ley de Solvencia Financiera, de 2014. Cabe destacar que se trata por tanto de normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones", refieren las mismas fuentes.
En cualquier caso, indicaron que España comunicará su respuesta en el plazo de dos meses, como habilita el procedimiento, subrayando la disposición a colaborar con Bruselas. "El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho", refirieron.
El Ejecutivo comunitario ha enviado al Gobierno una carta de emplazamiento, al considerar que obligar a ambos bancos a mantener su autonomía societaria y de gestión durante tres años, ampliables a cinco, no se ajusta al derecho comunitario.
El proceso está tasado: el Gobierno dispondrá de dos meses para responder o se pasaría a enviar un dictamen motivado que concederá a España otros dos meses adicionales. Si no se cumple, Bruselas puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, al tiempo que puede haber una multa durante este periodo.
En principio, este procedimiento no tiene por qué afectar a la opa en condiciones ni calendario, salvo que el Gobierno cambiase su resolución o levantase las condiciones en esa primera ventana, que tendría lugar en septiembre. La razón es que la opa podría abrir la ventana de adhesión a principios del mes de agosto y concluir entre septiembre u octubre.