La fiscalía de Perú ha incluido a Enagás en la investigación sobre la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), vinculada al caso Lava Jato, sobre la trama de sobornos de Odebrecht a la cúpula gubernamental del país. Enagás, que declara no tener conocimiento de ilegalidad alguna, era socia de la constructora brasileña en el proyecto, por cuya suspensión reclama al Estado peruano 411 millones en un arbitraje internacional.
La Comisión Europea ha decidido poner en cuarentena el incremento de los objetivos de reducción de CO2 para 2030, tal y como recoge el borrador de la Ley del Clima comunitaria, que aspira a que la UE alcance la neutralidad de carbono en 2050: el Pacto Verde Europeo de la presidenta Von der Layen planteaba subir el actual objetivo de reducción del 40% hasta el 50% ó el 55%, y se había anunciado que la Ley incluiría el cambio, pero el texto retrasa la decisión, como mínimo, hasta junio de 2021.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a la Cartera dirigida por Teresa Ribera que sancione a la central de Garoña por el "incumplimiento reiterado" de los procedimientos de protección radiológica. Como no ha tenido repercusión en la seguridad de los trabajadores, el organismo reclama una sanción leve, que alcanza hasta los 300.000 euros.
La retribución de Endesa por generar electricidad con centrales convencionales en las Islas Canarias, las Baleares, Ceuta y Melilla -actividad que desarrolla en régimen de monopolio regulado- se incrementará en unos 80 millones de euros anuales, según la memoria de un proyecto de orden del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Iberdrola deja en el aire la figura de la vicepresidencia, ostentada desde junio del año 2018 por Inés Macho Stadler, quien no renovará su asiento en el Consejo de Administración de la compañía eléctrica. Así lo recoge la documentación relativa a la próxima Junta de Accionistas, que se celebrará en Bilbao el próximo 2 de abril.
El campo ha recuperado unos 600 empleos directos, que se traducen en 2.000 indirectos, como resultado de la reactivación de 25 plantas de tratamiento de purines -deyecciones de cerdo muy contaminantes- paralizadas en 2014, con la reforma eléctrica. Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, estas centrales de cogeneración vuelven a cobrar unas ayudas indispensables para que operen.