El Gobierno ha aprobado la reforma del Plan General de Contabilidad (PGC) y del Plan General del Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes)a través del Real Decreto (RD) 602/2016, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de diciembre. Una norma que simplifica las obligaciones contables de las pequeñas y medianas empresas, en aplicación del Derecho europeo.
Por cuarto trimestre consecutivo, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas en procesos por violencia de género experimentó un incrementó en nuestro país. Así, en el tercer trimestre de 2016, el 69,5 por ciento de los fallos emitidos por agresiones machistas tuvo como resultado una condena.
Transparencia Internacional (TI) España ha presentado un paquete de 76 propuestas para las entidades financieras con el objetivo de evitar las malas prácticas y prevenir la corrupción, en un sector cuya reputación se ha visto muy deteriorada tras la crisis económica. Medidas que, según Jesús Lizcano, presidente de la ONG en nuestro país, "pueden propiciar un mayor acercamiento y nivel de confianza" de los ciudadanos en el sector.
Las comunidades autónomas han dado un salto "espectacular" en relación a la transparencia, pero siguen mostrando resistencia a dar total publicidad a los datos relativos a la contratación, las subvenciones, los convenios y los costes de los servicios; áreas de especial sensibilidad por el riesgo de corrupción, irregularidades, despilfarro o gasto ineficiente.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha mostrado su preocupación por la falta de recursos con los que afronta los retos y problemas que plantea la entrada en vigor, en mayo de 2018, del nuevo Reglamento europeo. Una norma que supone una auténtica revolución en la concepción de la privacidad y que exige la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento y el Estatuto de la AEDP, así como la adopción de medidas en empresas y Administraciones.
El Consejo General de Economistas (CGE) reclamó ayer un incremento de las tasas judiciales, con dos objetivos: por un lado, que contribuyan en mayor proporción a la financiación de la Justicia y, por otro, reducir la elevada tasa de litigiosidad. Un aumento que, en todo caso, no debe perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva de ciudadanos y personas jurídicas.
El derecho a la libertad de expresión de los artistas o el derecho a la producción artística no amparan las expresiones de odio o las manifestaciones de una ideología que atente contra los valores fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así lo determina el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) en una sentencia del 10 de noviembre -caso M´Bala M´Bala contra Francia-.
El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional. La sentencia, aprobada por unanimidad, rechaza que la norma invada competencias autonómicas y avala que pueda obligarse a las comunidades a aportar medios humanos y materiales en situaciones de crisis, siempre y cuando se refiera estrictamente a los recursos necesarios para afrontar la concreta emergencia y no otros -artículo 24.2 de la ley-.
La ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, reclamó una reforma del proceso penal para que las mejoras introducidas en el Código Penal (CP) en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas alcancen un mayor grado de efectividad. Así se manifestó en el acto de clausura del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, de Transparencia Internacional en España, celebrado recientemente en Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía rechaza equiparar la indemnización de los trabajadores temporales y los indefinidos en las empresas porque, según argumenta, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 14 de septiembre sólo es aplicable a los trabajadores de la Administración.