España encara los próximos años con una presión estructural que trasciende la coyuntura. Aunque su economía presenta aspectos positivos, también muestra patrones con una urgente necesidad de prestarles atención: baja productividad, débil inversión, rigidez institucional y vulnerabilidad fiscal. La productividad por hora trabajada es un 15% inferior a la media de la eurozona, la tasa de empleo está lejos de los países más avanzados y la renta per cápita no progresa. El tejido productivo, compuesto en un 99,8% por pymes –la mayoría con menos de diez empleados– tiene márgenes reducidos que limitan su escalabilidad, innovación y atracción de talento. A esto se suman una elevada tasa de paro juvenil, dualidad laboral, déficit público estructural y escaso acceso a la vivienda para jóvenes y clases medias. Este suma de desequilibrios exige una estrategia nacional, decidida y secuencial, estructurada en una primera etapa en tres fases.