A primeros de septiembre, 390.693 beneficiarios de una pensión de viudedad verán incrementar en un 7,7% de media sus ingresos mensuales -de 754 euros a 812, lo que suponen 58 euros más- por efecto del aumento de la base reguladora de su prestación del 52 al 56%. El coste de la medida, según informa el Ministerio de Trabajo, es de 164 millones hasta final de año y de 405 millones para 2019 cuando la base reguladora vuelva a subir, en esta ocasión hasta el 60%.
La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, desveló ayer que los Presupuestos de la Comunidad, en los que ya está trabajando la Consejería, tendrán como referencia un déficit del 0,1% a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado que las comunidades autónomas lleguen a un desfase presupuestario del 0,3% para el próximo año.
"Ojalá todas las empresas a las que hemos remitido cartas durante agosto avisándolas de posibles infracciones en la contratación de sus empleados a tiempo parcial o temporal hayan regularizado la situación", declara Raúl Riesgo, subsecretario de Trabajo y responsable de la Inspección de Trabajo. Pero el alto funcionario no confía en tener tanta suerte.
Nunca antes en España, tantos trabajadores han estado contratados a tiempo parcial: 2,89 millones de personas en el segundo trimestre de este año, marcando un récord histórico, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Se supera así el anterior máximo registrados en el primer trimestre de 2017 cuando trabajaban en España 2,87 millones (25.000 personas menos) con una jornada incompleta. De los 2,89 millones empleados con esta modalidad de jornada en el segundo trimestre de este año, 1,57 millones, el 54,2%, confiesan que trabajan a tiempo parcial por "no haber podido encontrar trabajo de jornada completa".
Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias concentraron en julio el 60% de las pernoctaciones de los españoles en establecimientos hoteleros. De ellas, Cataluña, con el 14,2% del total, sufrió un descenso del 7,2% en términos anuales, muy superior a las seis décimas de Levante o las subidas del 1% en Canarias y el 4,9% en Andalucía.
El Tribunal Constitucional acaba de determinar que las competencias en políticas activas de empleo referidas a las agencias de colocación privada deben ejercerse por las comunides autónomas. El fallo del Alto Tribunal, de finales de julio, declara inconstitucional parte del artículo 33.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, según informa la Asociación Nacional de Agencias de Colocación, Anac, que agrupa a algo menos de 400 agencias de tamaño pequeño y medio.
El Gobierno ha aplicado el principio salomónico de "ni p'a ti, ni p'a mí", podríamos decir, hablando en plata. La industria de automoción -fabricantes y concesionarios- lleva meses negociando, primero con el Gobierno de Mariano Rajoy, y después, a toda velocidad, con el de Pedro Sánchez, con el fin último de que los cambios técnicos en la homologación de las emisiones de cada modelo exigido desde Bruselas no implique un mayor desembolso en impuestos para los compradores de los vehículos. Pero el sector ha conseguido un triunfo a medias.
El Gobierno baraja no elevar el límite de emisiones de 120 gramos de CO2 por km a partir del cual un vehículo está gravado con el Impuesto de Matriculación, según fuentes del sector de automoción. No obstante, la industria sigue negociando con el ministerio del ramo para que finalmente opte por elevar el límite de emisiones y neutralizar así la subida de emisiones derivada de la homologación WLTP (la nueva norma por la que se actualiza la medida de los valores de consumo y emisiones contaminantes, cuyas siglas corresponden a los términos Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).
La actividad económica ya pierde fuelle, como evidencian los indicadores conocidos durante las últimas semanas: PIB, exportación, afiliaciones a la Seguridad Social, Producción Industrial o entrada de turistas. De hecho, organismos nacionales -como la AIReF- e internacionales -como la OCDE o la CE- han alertado recientemente de que las previsiones de un debilitamiento de la actividad se están cumpliendo. Además, el Gobierno maneja datos, a través del Indicador Sintético de Actividad o de la Actividad Exportadora, que confirman que la debilidad continuará o se acentuará en los próximos trimestres. Algo en lo que coinciden los analistas nacionales, que señalan como causas el sector exterior y el consumo de los hogares que, en última instancia, explican los menores crecimientos. También el Ecobarómetro de elEconomista e Informa D&B señala que la economía se desacelera hasta junio tras el repunte de inicios de año.
La brecha salarial entre los trabajadores regulados por un convenio de empresa y los que están sometidos a convenios de ámbito superior -sectoriales- ha aumentado en el mes de julio.