El coste de bonificar mediante la tarifa plana de 50 euros a todos los autónomos que inician su actividad ha supuesto desde su creación, en septiembre de 2013 hasta ahora, un coste de 3.200 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Trabajo declaran que están analizando las cifras exactas, pero que sus cálculos preliminares apuntan en esa dirección, y ello cuando apenas el 15,5% de quienes se beneficiaron de la medida mantienen hoy su actividad en el sistema.
Los gabinetes de estudios privados españoles y los organismos internacionales llevan alertando hace meses de una desaceleración de la economía española. El panel de Funcas, que recoge la opinión de los principales gabinetes de análisis españoles, preveía a principios de julio que este año la economía se reduciría su crecimiento al 2,8%, por debajo del 3% de los últimos años, y que el próximo 2019 caería al 2,4%. Sin embargo, los datos conocidos la semana pasada muestran una caída más brusca de lo esperado.
El presidente de Gobierno se despidió hasta septiembre anunciando que el Consejo de Ministros aprobó tres medidas de ámbito laboral, en especial un Real Decreto que combatirá el uso ilegal del "falso autónomo". La medida permitirá aflorar, según declaró Sánchez, 40.000 empleos y explicó que al regularizar la situación a estos falsos autónomos lograrán más derechos y cobertura, gracias a "un trabajo digno del que se ven privados por el mal uso de esta figura".
El Índice de Compras (PMI) del sector servicios conocido el viernes viene a confirmar el retraimiento del consumo de los hogares que ya detectó el INE en su dato adelantado de Contabilidad Nacional que registró un crecimiento del 0,2 por ciento, frente al 0,7 por ciento del primer trimestre.
La afiliación a la Seguridad Social, en máximos de 2008, crece ya menos del 3%
Las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades del 6,14% en 2016, inferior al 7,54% por el que tributaron en 2015. La cifra publicada por la Agencia Tributaria se produce con el Gobierno de Sánchez intentando elevar la tributación mínima al 15%.
El conjunto de las comunidades autónomas superó en mayo el plazo legal de 30 días para pagar a proveedores, con una media de 33,7 días, aunque el comportamiento fue desigual: nueve Gobiernos abonaron sus facturas dentro de los límites legales y ocho incumplieron en ese mes.
Interior, Sanidad y Defensa pagan las facturas con casi dos meses de retraso
Podemos, PDeCat, ERC y Compromís se abstuvieron ayer en el Congreso
El Gobierno expresa su preocupación por la temporalidad y el uso del contrato a tiempo parcial