El plazo para que la SEPI apruebe o deniegue el rescate de Abengoa se acerca a su fin -apenas faltan 35 días para el fatídico 30 de junio- y no hay señales de una respuesta positiva tras dos años largos de espera. El presidente de la compañía, Clemente Fernández, se aferra a la cuestión estratégica de la españolidad de la empresa y a los datos positivos de actividad, como los 1.000 millones de facturación y los 100 de EBDITA, para justificar la aportación de dinero público. Un dinero que a su juicio haría innecesaria la entrada del fondo Terramar porque los accionistas actuales, asegura, están dispuestos a ir a una ampliación de capital de 50 millones si el estado pone los 240 que se le están pidiendo desde 2020. El conflicto interno está servido. Por el contrario, la filial Abenewco1 ha informado hoy mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que apuesta por la vía Terramar, en contra del criterio de Fernández.
