LIQUIDEZ

La liquidez de las empresas es una condición indispensable para garantizar la supervivencia de las pymes en momentos de crisis y caída de la actividad, como ha sido la impuesta a marchas forzosas por el Gobierno con la implantación del Estado de Alarma para combatir la crisis sanitaria. Ante esta situación el Ejecutivo ha lanzado toda una batería de medias de ayuda para empresarios y familias que, no obstante, no ha dejado con buen sabor de boca a todos los colectivos. Los autónomos aún reclaman que se les ha seguido cobrando la cuota de la Seguridad Social del mes de marzo -aunque el Ejecutivo ha anunciado su devolución con carácter retroactivo al día del decreto de Estado de Alarma- y reclaman la suspensión de la aportación correspondiente al mes de abril. Pero además, una de las asociaciones representantes de las pequeñas y medianas, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) exige al Estado y a las empresas del Ibex 35 que liquiden deudas que deben a pymes por valor de 130.000 millones de euros.

MERCADO LABORAL

Los autónomos son el colectivo que más ha alzado la voz en las últimas semanas para exigir medidas al Gobierno que garanticen el mantenimiento de sus ingresos y su supervivencia para cuando pase lo peor de la crisis sanitaria del coronavirus y los últimos datos de empleo conocidos la pasada semana parece que avalan las ayudas puestas en marcha desde el Ejecutivo para los trabajadores por cuenta propia.

Las ayudas del Gobierno por el Covid-19 alcanzan los 20.000 millones de euros

CRISIS SANITARIA

La rapidez con la que evolucionan los acontecimientos y con la que cambia el escenario de la crisis sanitaria está obligando al Gobierno de Pedro Sánchez a evaluar medidas y tomar decisiones de manera casi diaria. En suma, las medidas que ha adoptado el Ejecutivo hasta el momento, en tres paquetes diferentes aprobados en Consejo de Ministros, ronda los 20.000 millones de euros. Si bien esta cifra dista mucho del bazuca de liquidez anunciado por Moncloa, que alcanzaba los 200.000 millones de euros entre recursos públicos y privados, estas medidas ya superan en cuatro veces el coste que tendría para las arcas del Estados la introducción de un ingreso mínimo vital, cifrado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en unos 5.500 millones de euros.

IMPUESTOS

Aunque el dato corresponde a antes de que se desatase el ciclón que amenaza con devastar la economía española y de medio mundo por la crisis sanitaria del coronavirus, la propia desaceleración del crecimiento que ya estaba experimentado nuestro país desde finales del pasado ejercicio y comienzos reflejó la amenaza que ahora se incrementa para el desempeño de la arcas públicas de la actual coyuntura.

CORONAVIRUS

Tras la hecatombe del empleo en el mes de marzo, y siendo los trabajadores por cuenta propia los que han sostenido el mercado laboral ante el cataclismo que avecinaba la crisis sanitaria del coronavirus, los autónomos redoblan sus peticiones al Gobierno para garantizar el mantenimiento de la actividad del colectivo una vez que pasen los peores momentos de la desplome de la economía que se avecina en el segundo trimestre del año.

CRISIS SANITARIA

Los autónomos, protagonistas en las demandas de los agentes sociales al Gobierno para afrontar la crisis del coronavirus y uno de los colectivos que se sitúan en el centro de la diana de la crisis económica que sucederá a la sanitaria, son los únicos responsables de que no se haya producido el cataclismo del mercado laboral español en el mes de marzo. Y todo ello debido a que se han mantenido en el RETA a pesar del desplome de la actividad y del cuentagotas con el que han ido llegando las ayudas para un colectivo que es responsable del 75% de la ocupación en nuestro país.

ANÁLISIS

Las cifras de empleo conocidas este jueves son aún más demoledoras de lo que muestran los datos oficiales presentadas por el Gobierno. A pesar de que marzo de 2020 se marcará en el calendario como el peor mes de la historia de España para el mercado laboral con el incremento de 302.265 parados y la caída de 833.979 afiliados respecto a febrero, aún hay más. Estas cifras no incluyen ni los 620.000 trabajadores afectados por un ERTE que reconoce haber tramitado el Ejecutivo ni el millón restante que los sindicatos y patronales calculan que son los empleados ya acogidos a este instrumento. Es decir, no recoge a las 1,6 millones de trabajadores que de igual modo han sido expulsadas del mercado laboral, lo que elevaría la sangría de empleos de marzo a los 2,5 millones.

MERCADO LABORAL

Se confirmaron los peores augurios que cercaban al mercado laboral tras el estallido de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. El mes de marzo de 2020 ya es el peor para la historia del empleo: deja un incremento de 302.265 parados respecto al mes de febrero, lo que supone un aumento del 9,31%. Mientras, a 31 de marzo, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue de 18.445.436, lo que supone que hasta ese día el sistema perdió 833.979 afiliados. Ambos suponen los peores registros de la serie histórica, superando los peores picos de la anterior crisis económica.