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El Gobierno ha aparcado el plan de Pablo Iglesias de implantar un impuesto especial a la banca para hacer frente a su política social y económica. El ala más moderado del Ejecutivo, liderado por la vicepresidenta, Nadia Calviño, está bloqueando la puesta en marcha de esta tasa, con la que Unidas Podemos pretende recuperar buena parte de las ayudas públicas inyectadas al sector financiero en la pasada crisis, por un importe total de 60.000 millones de euros.

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Las duras restricciones de movilidad implantadas en España durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus han hecho mella en el negocio bancario. El sector lideró en abril las caídas del crédito a hogares, el mes en el que la práctica totalidad de los países impuso limitaciones en las libertades y en las actividades. En mayo, estas cortapisas se fueron levantando en el Viejo Continente poco a poco.

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Los trabajadores de la banca, cerca de 180.000, se han llevado esta semana una alegría inesperada. Tras años y años de recibir palos y críticas han podido saborear un pequeño reconocimiento a su labor durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus y la reapertura de la economía en las últimas semanas. Hasta hora todos los honores y agradecimientos se habían dirigido a los sanitarios, el personal de los supermercados y las fuerzas de seguridad. Pero nadie, hasta ahora, se había acordado de los empleados de las entidades financieras, un sector que ha realizado un esfuerzo para canalizar liquidez a las empresas, ayudado a los mayores a sacar dinero del cajero o adelantar prestaciones sociales, como las pensiones o las ayudas por Ertes.

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El presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, ha estallado contra el fin del reparto de los dividendos bancarios que quiere implantar el BCE como consecuencia del coronavirus para impulsar el crédito. Durante su intervención en la Cumbre de Empresarios de la CEOE, ha defendido el reparto de los beneficios, porque son necesarios para la inversión en obra social, una pieza fundamental que en estos momentos cobra fuerza por el aumento de las necesidades en las personas vulnerables.

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Las antiguas cajas de ahorros (CaixaBank, Bankia y los grupos más regionales) quieren controlar los gastos para ganar en eficiencia y rentabilidad, tal y como exigen los reguladores. La patronal del sector, CECA, ha planteado a los sindicatos que no habrá ninguna subida salarial a la plantilla por convenio colectivo al menos hasta 2022. Y que éste de producirse será de únicamente el 0,5% debido a la incertidumbre económica que ha dejado la pandemia del coronavirus.

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CaixaBank ha decidido relanzar su banco móvil para jóvenes Imagin, al que ha dotado de nuevos contenidos y una nueva imagen de marca. El grupo pretende que esta división se convierta en una herramienta clave de servicios no financieros para los clientes millenials, adolescentes y niños y captar 1,4 millones de clientes en cuatro años.

Las aseguradoras, como el resto de compañías, reclaman al Gobierno seguridad jurídica y colaboración público privada para la reconstrucción del país tras los efectos de la pandemia del coronavirus. Durante la cumbre de la CEOE, el sector del seguro se ha mostrado dispuesto a contribuir para la recuperación y ha pedido al Ejecutivo que genere confianza y que los recursos públicos se destinen a la creación de inversión y al apoyo social, además de que incentive el ahorro.

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Los bancos se preparan para una oleada de ajustes, que incluirán sí o sí, nuevos despidos masivos y cierres de oficinas. La crisis que dejará el coronavirus ya ha acelerado los planes de recortes que tenían planeados llevar a cabo distintas entidades este año, como Bankia, Sabadell y BBVA. Tres grupos que en las últimas semanas han estado seriamente presionadas por los mercados ante las malas expectativas de futuro.

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El banquero venezolano Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca, ha creado una 'family office' con el objetivo de invertir en acciones y otros productos financieros y reordenar el patrimonio. El empresario, con este proyecto, da un nuevo paso en su estrategia de ampliar la diversificación de su fortuna.

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Wizink, el banco especializado en tarjetas de crédito, va a poner en marcha el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del sector financiero en España tras la crisis del coronavirus. La entidad va a despedir a 144 trabajadores, según fuentes de la entidad, con el objetivo de ahorrar costes y asumir el cambio de modelo tras la sentencia de las revolving.