El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa prepara un cambio en la Orden de 2003 que establece las normas para tasar un inmueble, entre otras finalidades para una hipoteca, y obligará a tener en cuenta también aspectos como la sostenibilidad del activo o el riesgo climático, es decir, si por ejemplo está en una zona propensa a las inundaciones o a cualquier otra catástrofe natural.
Hacienda incrementa las inspecciones a los particulares que tienen inmuebles en alquiler y, en los últimos meses, muy especialmente a los que tienen oficinas. La Agencia Tributaria persigue un doble objetivo: evitar que los caseros se deduzcan en el IRPF los gastos asociados al inmueble (IBI, comunidad, seguros o intereses de la hipoteca) los días en los que no ha estado alquilado y, además, obligarles a tributar durante ese tiempo vacío por la imputación de rentas, es decir, por el 2% del valor catastral o el 1,1%, si éste valor fue revisado a partir de 2012.
El Tribunal Supremo (TS) ha aunado en una sola causa las cuatro denuncias contra el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la investigación de la Agencia Tributaria a Álvaro González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.
Salvador González Marín (Málaga, 1966) afronta desde el pasado mes de julio la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española tras obtener el 58% de los apoyos en las elecciones de junio. González Marín llega al cargo en medio de relevantes retos para el gremio como la transformación tecnológica, ahondar en la conciliación y desconexión digital de los profesionales, mejorar el turno de oficio y garantizar una pensión mínima a todos aquellos profesionales que han aportado durante años a la Mutualidad de la Abogacía, pero que ahora ven que recibirán una prestación de 700 euros al mes que les impedirá jubilarse. El nuevo presidente, que ya se ha reunido con el Ejecutivo este verano, advierte que la reforma de la Seguridad Social que prepara el Gobierno para garantizar una pensión digna a los abogados de la Mutualidad es insuficiente, ya que solo se centra en solucionar determinados casos de vulnerabilidad.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, defendió este viernes la independencia de los magistrados y magistradas en el ejercicio de sus funciones, que supone un fundamento básico del Estado social y democrático de Derecho y que obliga a todos los poderes públicos.
La Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) para que se pronuncie sobre si la aplicación de la Ley de Amnistía en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en el marco del proceso independentista de Cataluña contraviene el Derecho comunitario y garantiza la impunidad de los delitos.
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado parte de la reforma fiscal energética que promovió el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hacer frente al déficit de tarifa eléctrico en plena crisis económica. El alto tribunal, en tres sentencias, una del 8 de julio y dos del 24 de julio, señala que parte de la norma nacional es “disconforme” con el derecho europeo y la deja sin aplicación, abriendo la puerta a devoluciones.
Los jueces desafían al Tribunal Supremo y facilitan la declaración de usura en los tipos de interés de las tarjetas revolving y, por tanto, la nulidad del préstamo. El alto tribunal estableció en su fallo del 15 de febrero de 2023 que el interés de estas tarjetas sería usurario si superaba en seis puntos porcentuales el tipo medio al que la banca concedía estos préstamos a la fecha en que se celebró el contrato y que publica el Banco de España cada mes en su página web.
La nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, ha pedido a las diferentes fuerzas políticas y poderes del Estado que respeten el trabajo de los jueces y magistrados y eviten ataques injustificados que pueden llevar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia y de sus integrantes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechaza que el Banco Santander deba compensar a los inversores de instrumentos de capital convertibles en acciones (cocos) comercializados por el Popular antes de su caída.