ESPAÑA
La banca desea poner fin a la avalancha de fallos judiciales que colocan en tela de juicio día a día nuevas cláusulas hipotecarias, en perjuicio de sus cuentas y, sobre todo, amenazando el normal funcionamiento de esta financiación.
La banca desea poner fin a la avalancha de fallos judiciales que colocan en tela de juicio día a día nuevas cláusulas hipotecarias, en perjuicio de sus cuentas y, sobre todo, amenazando el normal funcionamiento de esta financiación.
El sector asegurador encara una etapa desafiante. El beneficio por la actividad pura de comercializar pólizas es escaso o inexistente para muchas pequeñas compañías y los suculentos rendimientos financieros logrados antaño con sus inversiones, que les permitieron competir con guerras de precios, son irrepetibles con los actuales tipos de interés a ras de suelo. Una realidad que provoca que más del 40% de la industria sea hoy incapaz de ganar dinero con su actividad típica, estima el servicio de estadísticas del sector Icea con datos del pasado mes de septiembre.
Los parámetros del banco se deterioraron con los últimos ajustes de 2016.
No será tarea fácil. El cometido de Emilio Saracho, que asume la presidencia del Popular el próximo lunes, será una carrera de fondo, con numerosos obstáculos en el camino, para devolver al banco a la rentabilidad y ganarse la confianza del mercado. Desde que se supo que habría cambio de gestor, la banca de inversión ha dado una pequeña tregua al banco, pero a la vez espera que el nuevo presidente adopte unas medidas rápidas, realistas y contundentes que den credibilidad a una hoja de ruta que debe llevar a la entidad a soltar el lastre de los activos tóxicos y recuperar capital y beneficios.
Para algunos el declive del Popular se inició con la compra del Banco Pastor, mientras otros señalan el primer test de estrés, donde su suspenso le obligó a realizar la primera de sus macroampliaciones. Sin embargo, los excesos del banco vienen de tiempo atrás, cuando asumió un riesgo, que con el tiempo se vio indigerible, en el sector inmobiliario, al igual que una apuesta tardía por los préstamos hipotecarios.
El Banco Central Europeo (BCE) está decidido a obligar a las entidades financieras a desembarazarse de la mochila de activos tóxicos que asfixia balances, se come los resultados y dificulta retornar a una rentabilidad interesante para los mercados, donde sí o sí deben acudir a emitir ingentes cantidades de deuda por guión regulatorio.
El Parlamento Europeo quiere abolir las comisiones bancarias que entiende que se aplican sin estar asociadas a un servicio específico, entre las que figurarían las de apertura o mantenimiento de cuentas, por recepción de transferencias o cancelación de tarjetas de pago por cambio de domicilio a otro Estado.
El proyecto Sunrise diseñado en el Popular por el equipo liderado por Ángel Ron para extraer 6.000 millones de euros en activos inmobiliarios del balance encalla. Falta una semana escasa para que Emilio Saracho asuma la presidencia de la entidad, pero al que fuera uno de los vicepresidentes mundiales de JP Morgan no acaba de convencerle el plan y lo ha parado, según afirman fuentes solventes.
La innovación y entrada de agentes nuevos en la industria de medios de pago es tan dinámica que, a veces, coge a traspiés hasta a los principales bancos. Algo así ha ocurrido en el ecosistema de las reservas de viajes, donde el auge de una nueva tarjeta virtual acuñada por especialistas foráneos ha puesto en alerta a CaixaBank, que copa la cuarta parte del negocio tramitado con tarjetas y con los terminales lectores instalados en comercios (TPV's). El banco ha comunicado a sus comercios clientes que les repercutirá un cargo superior si la aceptan para evitarse las pérdidas inesperadas que, con su uso, está encajando.
Las inmobiliarias podrán ofrecer préstamos para la adquisición de viviendas en cualquier país de la Unión Europea (UE) cuando entre en vigor la nueva ley hipotecaria, tal y como recoge un documento sobre la norma con el que trabaja el Gobierno. Su capacitación surge porque el Anteproyecto de Ley sobre créditos inmobiliarios prevé establecer el régimen de pasaporte comunitario para intermediarios de este tipo de préstamos que son, básicamente, agentes, inmobiliarias y establecimientos financieros.