UNA ORDEN MINISTERIAL DE 2002 SE LO IMPIDE
La normativa vigente impide al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación costear la repatriación de cadáveres de españoles o su traslado a un tercer país, aunque permite conceder ayudas para pagar la inhumación o incineración de los restos de un español fallecido cuando ninguna otra persona pueda afrontarlos.