Redactor de elEconomista
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Pocas veces se puede decir, en política, que todas las tendencias estén de acuerdo en algo. Este es el caso del modelo de financiación autonómica de España y la necesidad de reformarlo. El último cambio en él lo ejecutó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Desde entonces, han pasado diez años en los que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez han hecho promesas para modificar cómo se sostiene económicamente a las regiones, pero en ninguna de las ocasiones estos compromisos se han hecho realidad. Y no parece que se vayan a poder dar nuevos pasos en esta dirección, al menos hasta 2020.

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a dar un nuevo impulso a su Plan Director por un Trabajo Digno en los próximos meses. La responsable del departamento, Magdalena Valerio, ha anunciado este viernes que reeditará entre agosto y diciembre sus estrategias de choque contra la contratación temporal fraudulenta y la contratación a tiempo parcial abusiva. Y es que el departamento aprecia indicios de abusos en el 5% de los contratos parciales -148.730 casos- y de fraude en el 2% de los temporales -89.285 casos- . Es decir, que aprecia irregularidades en el 1,2% -238.015 personas- de los contratos laborales activos en España.

España es el país que más recursos destina a estas prestaciones, que suponen un 12% del total de su gasto

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En su último boletín económico, el Banco Central Europeo (BCE) muestra su preocupación por el impacto que las pensiones suponen para el conjunto de la zona euro. Es la parte más elevada del gasto social y está en máximos en muchos países, sobre todo en España, que es el país que mayor proporción del gasto destina a estas prestaciones. Por ello, el ente todavía presidido por Mario Draghi considera que "las pensiones representan la mayor carga para los gobiernos de la zona euro".

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Solo buenas palabras han salido de la reunión que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo también en funciones, han tenido con 22 representantes de empresas e industrias españolas, un encuentro en el que han insistido en que el gobierno se tiene que formar cuanto antes para continuar en la hoja de ruta que venían marcando de cara a la digitalización del sector privado, la transición ecológica y la internacionalización, y las correspondientes medidas de acompañamiento.

La subida de los costes laborales supone la destrucción de 15.000 empresas

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A pesar de que varias entidades como el Banco de España consideran que es muy pronto para evaluar el impacto negativo del alza del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en la creación de empleo en España -aunque insisten en que lo hay-, sus consecuencias sí que se han dejado notar en las pequeñas y medianas empresas (pymes). De hecho, según un estudio de la EAE Business School, esta medida ya ha provocado que más de un 1% de las pymes españolas con empleados haya tenido que cerrar.

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Si en febrero el gasto de varios ministerios ya superaba el 50% de lo previsto para 2019, esta tendencia no ha hecho sino ir a más en los siguientes meses del año. Según indican los últimos datos de Hacienda, que datan de abril, los departamentos dependientes del Estado y del Gobierno ya habían ejecutado el 68,2% del gasto presupuestado para este año, por lo que no es descabellado pensar que tres meses más tarde ya hayan superado el 70%. Es decir, que el Ejecutivo cuenta con menos de un tercio de sus presupuestos para terminar el año.

El mayor impacto llegaría por su proposición de elevar al 2% del PIB la inversión en Ciencia La propuesta 'in extremis' de Podemos conjunta políticas sociales, laborales y de I+D+i y educación

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El tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos terminó por romperse en la investidura fallida de un Pedro Sánchez que no logró el apoyo de los morados, entre otras razones por la insistencia de los de Pablo Iglesias por manejar ministerios con competencias y propios. ¿Cuánto dinero hubieran manejado los ministros de la formación de izquierdas si se le hubiera concedido su última propuesta y se hubiera organizado el primer Gobierno de coalición de la democracia bajo sus términos? Unos 40.244 millones de euros, vistas las competencias a las que aspiraban.