El Ejecutivo regional busca un apaño legal para sortear tres sentencias de Constitucional y Supremo"La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución". Este artículo, el 51 del estatuto de autonomía de Andalucía aprobado en 2007, es el origen de la mayor polémica hidráulica entre regiones en la historia de España desde la derogación por Zapatero del Plan Hidrológico Nacional auspiciado por el Gobierno de Aznar. Tres sentencias conocidas entre marzo y junio han hecho añicos la política hidráulica que la Junta había tejido para acaparar la gestión del Guadalquivir desde 2008. La más importante, la del Constitucional, que se pronunció sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura contra ese artículo 51 y que le ha dado la razón declarando que el traspaso del Guadalquivir a la Junta es nulo. Extremadura también recurrió que el estatuto de Castilla y León se arrogara la exclusividad sobre el Duero, y también el alto tribunal le dio la razón. Incertidumbre Junto a esta sentencia, otras dos del Tribunal Supremo han anulado el decreto de 2008 por el que el Gobierno central entregaba las competencias sobre el río a la Junta (700 funcionarios y 53 de los 57 embalses de la cuenca, entre otros). La primera de ellas estimaba un recurso del gobierno de Castilla-La Mancha contra ese decreto; la segunda estima otro recurso contra el mismo texto presentado por un ingeniero de caminos andaluz. Ante semejante varapalo legal, la Junta (con la complicidad del Gobierno central) ha hecho mutis por el foro, se ha negado a cumplir las sentencias y se ha sacado de la manga una encomienda de gestión que le permite seguir controlando las aguas del río hasta septiembre. Mientras, una comisión jurídica bilateral entre Junta y Gobierno central trata de esquivar las sentencias con algún tipo de apaño. El mutismo del Ejecutivo andaluz es total y por ello, a sólo unas semanas de que pierda validez el 'parche' de la encomienda, las federaciones nacional y andaluza de regantes, la federación andaluza de arroceros, Asaja y los colegios oficiales de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, de Ingenieros de Minas del Sur, y de Caminos de Andalucía han exigido a la Junta, al Gobierno central -y también al PP como posible partido de Gobierno en Madrid y Sevilla- que el Guadalquivir vuelva a la legalidad constitucional. Algo que pasa "única y exclusivamente por la devolución de todas sus competencias de gestión a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir". Así se recoge en el manifiesto presentado en la sede de Caja Rural del Sur en Sevilla. "El silencio ante las sentencias y ante el fin de la encomienda en septiembre es atronador y no se entiende. En los dos últimos años hemos sufrido una burocracia caótica ante los constantes cambios en los organismos y personas que han gestionado la cuenca", critica Margarita Bustamante, presidenta de la federación de regantes andaluces. Su homólogo a nivel nacional, Andrés del Campo, va más allá: "Se ha pasado de una gestión técnica a otra política. Antes eran los gobernadores civiles los que gestionaban las cuencas, luego se profesionalizaron las Confederaciones Hidrográficas y ahora volvemos atrás. ¿Cómo puede ser que los gestores del agua sean los delegados provinciales de la consejería de Medio Ambiente, que son políticos?", clama. Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, señala con sorna: "Parace mentira que sea la sociedad civil la que le tenga que recordar a los políticos que deben cumplir las sentencias. La incertidumbre sobre el Guadalquivir se suma además a la que ya procede de Bruselas". Incertidumbre que impide trabajar y que hace dudar sobre la legalidad de los actos administrativos ejecutados durante estos dos años, denuncia Rega, otra asociación de regantes vinculada a Asaja. El 'Río Grande' (traducción de la palabra árabe Guadalquivir) se ha convertido así en el gran fiasco hidráulico de la historia autonómica.