El Defensor del Pueblo critica la "inactividad" de Vivienda ante quejas por la renta de emancipación

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El Defensor del Pueblo critica en su informe anual correspondiente a 2008 la "inactividad" del Ministerio de Vivienda a la hora de atender ciertas quejas de los ciudadanos por problemas en la gestión o cobro de la renta básica de emancipación.

Según consta en el informe, son "muy numerosas" las protestas ciudadanas llegadas al despacho de Enrique Múgica por dificultades en el cobro de la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años y con ingresos brutos inferiores a 22.000 euros anuales.

Concretamente, se presentaron 385 quejas a lo largo de 2008, de las que se admitieron 153; 98 por actuaciones del Ministerio de Vivienda y 55 de las comunidades autónomas, y, de entre éstas 28 por la gestión de la Comunidad de Madrid. El resto no se tramitaron por falta de datos de los reclamantes.

Una de las quejas más repetidas fue la demora al ordenarse la transferencia de la ayuda o la suspensión de las ingresos tras venirse realizando. Las explicaciones del gabinete dirigido por Beatriz Corredor fueron desde un problema del sistema informático a la no verificación de los trámites por parte de los solicitantes.

Al Defensor del Pueblo, en cambio, le resulta "difícil compartir el criterio ministerial". Así, recuerda que las entidades han de informar semanalmente de todas resoluciones de reconocimiento definitivo de las ayudas y dos veces al mes de las transferencias del alquiler efectuadas y devueltas.

Por ello, la Institución "no comprende cómo constando al Ministerio esas resoluciones por las propias comunidades autónomas, no se interesa seguidamente por su tramitación a cargo de las entidades bancarias, más aún cuando son las entidades financieras las que deben transmitir al ministerio toda esta información a efectos de control en la aplicación de la renta".

"Pero aún es más incomprensible la falta de actuación del Ministerio con las entidades de crédito tras conocer las quejas en las que se afirma haber hecho puntualmente el pago del alquiler y haber cumplido los trámites", añade.

Por otro lado, prosigue, "no resulta fácil comprender la diligencia que el Ministerio de Vivienda requiere de los beneficiarios de las ayudas, en su obligación de encontrarse al corriente en el pago del alquiler, pero no de demostrarlo de manera directa".

"Por consiguiente, no encontramos justificada la inactividad del Ministerio de Vivienda ante situaciones como las descritas" señala el informe, a lo que añade que, quizá de haber solicitado cierta información a las entidades financieras "se habría podido corregir buena parte de la demora en el ingreso de la ayuda".

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En el caso de las comunidades autónomas, la palma se la lleva la Comunidad de Madrid por el "gran retraso" con que dicta sus resoluciones para autorizar el cobro de la renta. "No hemos podido aceptar las justificaciones ofrecidas", añade.

Así pues, sorprende a la Institución que en el impreso oficial de solicitud no se haya incluido la necesidad de adjuntar el certificado de haberes, lo que ha motivado en la mayoría de las ocasiones su requerimiento posterior una vez transcurrido el plazo de dos meses para dictar resolución, con la consiguiente demora.

Según la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre, dicho documento no fue incluido porque no figuraba en el impreso de solicitud aprobado, a lo que el Defensor del Pueblo alega que el impreso podría haberse modificado o se podría haber completado con una nota informativa para que los jóvenes adjuntaran a la solicitud toda la información necesaria, como se ha hecho en otras comunidades autónomas.

En cualquier caso, el Defensor del Pueblo deja otro 'recado' al Ministerio de Vivienda: "Si en el impreso aprobado hubiera figurado la exigencia del reseñado documento, se habría evitado parte de la demora en la tramitación de la solicitudes".

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