El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado antes de tomar una decisión respecto a la demanda presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia para la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando asumieron la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad Escal-UGS, participada por ACS.
En declaraciones a la prensa tras su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Navia señaló que el Ministerio de Energía está "en proceso de analizar" la reclamación presentada por la banca acreedora del Castor, para lo que pedirá un informe al Consejo de Estado, aunque subrayó que todavía se cuenta con "seis meses para responder".
Asimismo, indicó que "ahora mismo no hay previsión" de cuándo se procederá solventar el mecanismo para el reconocimiento del pago de ocho millones de euros anuales a Enagás por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén Castor, después de que la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional haya paralizado el pago de la indemnización.
A este respecto, Navia consideró que el reconocimiento de este pago requiere de rango de ley, por lo que " habría que ver dónde se podría analizar eso si se considera conveniente".
Devolución de la financiación
A principios del mes de abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre de Castor.
En la reclamación, las entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía esta compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.
En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización.
El pasado mes de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.
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