La farmacia amenaza con suspender convenios con Sanidad e ir a la justicia por su exclusión en residencias

Jaime Giner, presidente del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof). (Fotografía de Guillermo Lucas).

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) acusa de "falta de transparencia" y "traición" a la Conselleria de Sanidad, que quiere imponer un modelo de prestación farmacéutica a residencias de la tercera edad que excluye del servicio a la farmacia comunitaria. Exige diálogo sobre el sistema y, ante una negativa, contempla medidas como la revisión y posible suspensión de convenios -incluido el de copago- y acciones legales, en España y la UE. (Puede leer el reportaje completo, así como otras noticias, análisis y entrevistas en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).

Los farmacéuticos valencianos se preparan para presentar batalla frente a la imposición por parte de la Conselleria de Sanidad de un nuevo modelo de prestación farmacéutica para residencias, Resi-EQIFar, que supone centralizar en un único punto -el Hospital La Fe de Valencia- la adquisición, preparación y distribución de las dosis unitarias individualizadas para pacientes de todos los centros de la Comunitat, excluyendo del servicio a la farmacia comunitaria. Una fórmula de gestión pionera en Europa, que no ha sido negociada y que los farmacéuticos consideran que vulnera los derechos y competencias de los profesionales del sector, al tiempo que genera inseguridad para los pacientes.

"No vamos a aceptar un no rotundo a negociar por parte de la Conselleria; recurriremos y llegaremos a donde haga falta. Ante un no de Sanidad, habrá una revisión de los acuerdos y convenios que tengamos que renovar -entre ellos, el del copago, que se revisa anualmente-,y, si las asambleas lo deciden, se suspenderá la coboración con Sanidad. Si es necesario, iremos a los tribunales, porque no es coherente ni aceptable lo que quieren hacer y se están vulnerando normativas y derechos reconocidos a nivel nacional y europeo", advierte Jaime Giner, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof), que ostenta, actualmente, la presidencia rotatoria del Consejo de Colegios de la Comunitat Valenciana.

Frente al sistema defendido por Sanidad, el Micof ha presentado un modelo de atención farmacéutica sociosanitaria basada en los principios de la colaboración público-privada, con la adjudicación en concurso del servicio mediante procesos transparentes y por un periodo no inferior a cuatro años, para poder amortizar las inversiones necesarias. Giner denuncia "amenazas" y "presiones" de la Conselleria para evitar esta presentación.

"Tenemos constancia de que, incluso, se ha llamado personalmente a los miembros de la mesa redonda organizada con diferentes expertos en la jornada de presentación; cuatro de ellos han declinado participar, tras haber confirmado inicialmente", afirma Giner.

El Micof plantea presentar el modelo a todos los partidos políticos, agentes económicos y asociaciones de pacientes y usuarios, así como a las diferentes Consellerias, incluida la de Presidencia.

"Estamos de acuerdo en que había que revisar el modelo establecido con el decreto 94/2010, con el que nadie está conforme. En 2015, la propia Dirección General de Farmacia de la Generalitat nos dijo que nos sentaríamos a revisar el decreto y llevamos meses trabajando. La puesta en escena de la Conselleria y del Gobierno valenciano es vergonzosa. Plantean una modificación de la Ley de Ordenación con la que aprovecharían para expulsar de este servicio a la farmacia comunitaria, cuando sus competencias están definidas a nivel nacional y de la UE, y al farmacéutico de atención primaria ni siquiera se le menciona. Además, no es legal imponer servicios de farmacia de titularidad pública a centros privados y a pacientes ingresados, porque se vulnera su derecho de autonomía. Es un modelo que crea inequidades graves y puede vulnerar derechos constitucionales. Por ello, tenemos total apoyo del sector a nivel nacional", indica Giner.

En este sentido se ha pronunciado el nuevo presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), Luis de Palacio, que criticó los "criterios ideológicos" que subyacen en el plan de Sanidad. "Pretenden que toda la sanidad sea servida exclusivamente por la Administración. Fefe va a denunciar los perjuicios que se causen a los pacientes y a defender legalmente la no discriminación y la libertad de empresa", afirma.

La intención de Sanidad es tramitar el proyecto a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2018, con lo que eludiría, también, someterla al debate de los grupos políticos en Les Corts.

Un modelo sin precedentes

"Desde la Conselleria de Sanidad, ya han manifestado que no presentemos ningún proyecto alternativo, porque no van a negociar. No entendemos que, tras dos años y medio de colaboración con la Generalitat, aceptando y cooperando con todas sus propuestas, ahora nos encontremos con una agresión directa a la profesión, que, además, supone riesgos en términos de garantía de prestación del servicio y seguridad para el ciudadano. Si el sistema que defiende Sanidad sufriese un problema o fallo y se interrumpiese el servicio, la farmacia comunitaria no podría dar cobertura, porque lo tendría expresamente prohibido por ley", subraya Giner.

En esta línea se manifiesta, también, José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), que alerta de que la centralización "puede provocar problemas en la atención a personas residentes. Podemos perder rapidez y flexibilidad en el suministro de medicamentos, que es fundamental. No nos parece mal que haya medidas de ahorro, pero siempre que haya mejora del servicio".

"No existen precedentes de un modelo similar y no podemos hacer experimentos con pacientes crónicos complejos que les pongan en riesgo. Sólo conocemos dos experiencias de este tipo en Europa, una privada y otra de una cooperativa, ambas con un número de pacientes muy reducido -de menos de un centenar-", indica Giner, que asegura que la Conselleria les ha excluido de los grupos de trabajo del nuevo modelo, con sólo un representante en una de las cinco o seis mesas de expertos constituidas.

En la Comunitat Valenciana, se aplicaría a todas las personas que se encuentran en residencias de mayores, tanto públicas como privadas -unas 27.300 en total-. El sistema de prestación farmacéutica es ahora mixto, de manera que sólo los residentes en centros públicos -el 14 por ciento del total- reciben sus medicamentos en dosis unitarias semanales y a través de los servicios de farmacia sociosanitarios. Con el nuevo modelo, el suministro de farmacias quedaría limitado a casos concretos, como la dispensación de medicamentos fuera de la Guía Farmacoterapéutica o fórmulas magistrales.

Además, la Conselleria plantea la contratación de una empresa externa para gestionar el servicio, "lo que genera dudas, porque no existe ninguna compañía especializada, sino que habría que crearla. Tendrían que plantear un contrato con una duración mínima de diez años, dado el carácter de la inversión y el tipo de servicio", subraya Giner.

Frente a ello, el modelo del Micof defiende que el servicio lo presten solo farmacéuticos capacitados en servicio sanitario, para garantizar la calidad. Propone una actualización de conocimientos de estos profesionales en el ámbito sociosanitario y su capacitación, así como la certificación de la farmacia comunitaria para prestar dichos servicios. A la hora de proceder a la adjudicación, uno de los criterios prioritarios sería "la proximidad de la farmacia al centro sociosanitario, que aporta más calidad".

El colegio defiende "la personalización del servicio" a cada paciente, así como "una atención farmacéutica integral" y "en coordinación con los distintos profesionales de los centros sociosanitarios".La propuesta del colegio señala, asimismo, que, "para fomentar el principio de igualdad de trato del modelo, se tendrá en cuenta como criterio, a consensuar con las partes integrantes, la valoración de la experiencia previa en la atención a sociosanitarios y la posibilidad de establecer un modelo con carácter rotatorio entre todas las farmacias comunitarias solicitantes".

Para garantizar el cumplimiento y buen funcionamiento del sistema y de cada adjudicataria, el Micof plantea "la evaluación del modelo con distintos indicadores y el reporte de los mismos a la Conselleria", de manera que se pueda "valorar su utilidad y sugerir posibles modificaciones".

Memoria económica "errónea"

Los Micof y el Sindicato Libre de Farmacéuticos (SLF) cuestionan los cálculos de impacto económico y de generación de empleo que ha presentado Sanidad para avalar el modelo centralizado. La Conselleria estima que el nuevo modelo supondrá un ahorro anual de alrededor de 15,5 millones de euros, "por la mayor eficiencia en gestión y la mejor capacidad de negociación en compras y concursos públicos", y la creación de unos 105 puestos de trabajo.

"La memoria económica que nos ha facilitado la Conselleria, tras meses reclamándola -la pedimos en abril y nos llegó el 6 de septiembre-, es muy deficiente. No entendemos cómo se han realizado los cálculos y no se explica en el documento. Hemos encontrado partidas duplicadas, gastos considerados como ingresos, ahorros que serían iguales con la gestión a través de farmacias -como los vinculados a la prescripción médica- y otros muchos errores, como no incluir cuánto van a costar los desarrollos informáticos, las instalaciones y los equipos necesarios para prestar el servicio. Tampoco tienen en cuenta lo que van a dejar de ingresar en cuanto a IVA, IRPF y otras partidas -que también afectan al Gobierno central-. Hay más de 20 millones de diferencia entre nuestras estimaciones y las suyas: mientras, según ellos plantean, habría un ahorro de más de 15 millones, a nosotros nos sale un balance negativo", afirma Giner.

En concreto, y según las estimaciones "más prudentes", el Micof calcula los gastos adicionales de este sistema en 2,87 millones de euros. Si bien, en números "más realistas" esta cantidad podría incrementarse hasta los 8 millones.

Más dura es la posición del SLF, que, en su documento de alegaciones a la propuesta de Sanidad, califica a la memoria económica como "creativa, puro voluntarismo, ajena a la realidad y claramente errónea. Sirvan de ejemplo, los gastos de personal, medios materiales presupuestados, gastos generales y de mantenimiento".

Tras revisar todos estos puntos, el sindicato advierte de que "el expediente se transforma no en un ahorro para la Administración, sino en un gasto", que "resulta ser muy superior a los 10 millones de euros", sin contar con la inversión necesaria en la construcción de la plataforma logística que se ubicaría junto a La Fe, que tendría una superficie de entre 3.000 y 5.000 metros cuadrados.

Entre las líneas desglosadas por el SLF, eleva de 105 a un mínimo de 310 los nuevos puestos de trabajo que serían necesarios para el funcionamiento del sistema centralizado, de manera que el presupuesto para personal casi se duplicaría, hasta 10,37 millones de euros anuales. En este ámbito, el Micof alerta, además, de que la Conselleria "abla de los puestos que se van a crear, pero no de los que se van a destruir. Entre farmacia comunitaria y sociosanitaria pueden desaparecer más de 500. Con nuestro modelo, se conservarían".

Respecto a los gastos no presupuestados, el SLF menciona, entre otros, "la compra de vehículos que cumplan las normas de la UE para transporte y distribución de medicamentos; material informático; la maquinaria necesaria para realizar las dosis -cuyo coste estima en más de 25 millones-, y gastos de  mantenimiento de maquinaria y generales -como electricidad y teléfono-.

Plazos imposibles

El presidente de los farmaceúticos valencianos, Jaime Giner, afirma que el modelo planteado por el Micof podría estar en marcha antes del próximo verano en todas las residencias de la Comunitat Valenciana. Frente a ello, "vemos imposible que el sistema que plantea la Conselleria pueda entrar en funcionamiento no sólo en enero de 2018, como se planteó, sino durante la presente legislatura. Su implantación exigiría una modificación normativa -abolir la norma anterior y aprobar la nueva-, con sus correspondientes plazos, y, dentro del propio proceso, se contempla una cláusula transitoria. Luego habría que definir y publicar los pliegos para las empresas que quieran optar al servicio -no conocemos ninguna que esté preparada- y construir las instalaciones dentro de La Fe. Todo ello supone que nos podemos ir a final de legislatura o, incluso, vernos en medio de un cambio de gobierno. Es una irresponsabilidad enorme", concluye.

El Micof trasladará sus informes respecto al proyecto de la Conselleria de Salud y su propuesta alternativa a los colegios oficiales de farmacéuticos de Alicante y Castellón, para actuar con la máxima unidad.

**Puede leer el reportaje completo, así como otras noticias, análisis y entrevistas en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana.


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