Salvador Navarro: "La digitalización es esencial y va a ayudar a la relocalización de actividad productiva"

Salvador Navarro, presidente de CEV. Imagen de Guillermo Lucas

Salvador Navarro (Valencia, 1963) ha liderado en los últimos meses la transformación del sistema de organizaciones empresariales de la Comunitat Valenciana, dentro del que la patronal de la provincia de Valencia, la CEV, ha asumido un nuevo rol, como organización de ámbito autonómico. Navarro, que acaba de cumplir seis años al frente de CEV, se presentará a las primeras elecciones de la nueva patronal, previstas para 2018. "Tenemos que dedicarnos a trabajar hacia fuera y ser más exigentes con las políticas económicas y empresariales de la Generalitat", subraya. Más entrevistas, reportajes y noticias en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana

La CEV asumió, hace cuatro meses, el relevo de Cierval como patronal autonómica. ¿Cuál está siendo la evolución del proyecto?

Muy positiva. En marzo nos convertimos en patronal de ámbito autonómico y, desde finales de mayo, Cierval está extinguida y somos ya la entidad con representatividad a este nivel ante la Administración pública. Lo importante no es tanto el reconocimiento en materia de los fondos de participación institucional, como desde el punto de vista de la representatividad; ser copartícipes, junto a la Administración y los sindicatos, en cuestiones clave para la sociedad valenciana. Internamente, se trata de un modelo nuevo, pero consolidado desde hace ya cuatro años en Valencia, basado en la presencia e implicación directa de sectores y empresas e independiente de las aportaciones públicas. En los últimos meses, se han ido sumando importantes empresas y asociaciones de las tres provincias al nuevo proyecto. Hoy por hoy, ya contamos con un centenar de empresas asociadas directamente. En julio, haremos un paro en la integración de nuevas asociaciones, para centrarnos en la modificación de los estatutos y de los órganos de gobierno. En septiembre u octubre, celebraremos una asamblea para modificar los estatutos y se elegirá la nueva junta directiva y el comité ejecutivo. Habrá elecciones a la presidencia, que es lo que hay que hacer, probablemente ya en 2018. Y, una vez aprobados los nuevos estatutos, se abrirá a la incorporación de socios. La junta directiva reunirá a empresas de distintos territorios de la comunidad y habrá una nueva manera de trabajar, con más implicación. La sede social seguirá en Valencia, pero los comités y comisiones de trabajo serán itinerantes, en diferentes municipios de la región. Mejorar la vertebración de la confederación significa más vertebración de la comunidad. Además, estamos trabajando en el proyecto de apertura de una oficina en Bruselas. Muchas veces miramos a Madrid, pero los fondos vienen de Europa y es importante que las empresas valencianas tengan representatividad donde se toman las decisiones, no sólo por la captación de recursos, sino por las conexiones, para hacer labor de lobby.

¿Es posible la integración de las patronales de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC) en ese nuevo modelo autonómico?

Es difícil que lleguemos a un acuerdo con las territoriales. En parte, por una cuestión ética. Cuesta aceptar que los socios de una entidad autonómica liquidada por unanimidad, que tienen deudas con la Administración y con sus trabajadores, vuelvan a unirse en una estructura parecida, con cuotas territoriales. Ese es un modelo que ha caducado y se ha liquidado por unanimidad. Las asociaciones y empresas que quieran unirse pueden hacerlo, sin que eso quiera decir que tengan que renunciar a estar en las otras organizaciones. Las recientes incorporaciones de socios de Castellón y Alicante lo demuestran. En el caso de Coepa, mantiene unas exigencias para entrar que no podemos asumir ni responden al nuevo modelo -entre ellas, garantizar el plan de viabilidad aprobado en el proceso concursal y tener el 30 por ciento de peso en los órganos de gobierno-. Además, aún está pendiente la reclamación de las deudas de la anterior etapa por parte de la Administración -que suman alrededor de un millón de euros entre las tres organizaciones provinciales-. La CEV tiene provisionada esa cantidad y no hay problema para afrontarla. Podemos trabajar para solventar diferencias con Coepa y  CEC, pero es difícil que los tres socios fundadores de Cierval nos volvamos a reunir en una nueva organización autonómica. Lo importante es que la gente que esté dentro crea en un proyecto de futuro.

Coepa quiere reclamar la que considera su parte de los Fondos de Participación Institucional.

La ley establece que los fondos serán gestionados por una organización que trabaje a nivel autonómico, y no en una sola provincia. Además, no es una subvención a fondo perdido, sino que hay que justificarla por costes de estructura, actividades y representación en otras instituciones. Si no tienes una estructura, o es mínima, es difícil de justificar.

Se cumplen dos años del Gobierno de coalición del PSPV y Compromís. ¿Cuál es el balance que hace la patronal?

El trabajo de la Generalitat en materia económica va lento, pero también tengo que ser crítico con nosotros mismos. Hemos vivido año y medio de conflictos internos y bloqueo en la anterior patronal, Cierval, por parte de CEC y Coepa. No hemos hecho los deberes y no podemos pedir a la Administración algo que no hemos sido capaces de hacer internamente. A partir de ahora, tenemos que dedicarnos a trabajar hacia fuera y ser más exigentes, tanto con la Conselleria de Economía como con el resto. Somos conscientes de que es difícil incrementar los recursos para políticas de dinamización económica y empresarial y generación de empleo cuando hay un problema de infrafinanciación y el presupuesto está limitado. El grueso se destina a cubrir Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Queda muy poco. En este contexto de infrafinanciación, la Administración debería volcarse en la colaboración con el sector privado y en tomar medidas que incentiven la inversión. Estamos viendo diferentes posiciones, según el ámbito, y muchas decisiones basadas en la ideología, y no en la racionalidad. No tiene sentido. Hay que apostar por un modelo de cooperación público-privada, siempre con control, transparencia, seguimiento y evaluación. Cada uno tiene su responsabilidad, incluidos los ciudadanos.

¿Ve posible otro modelo de financiación autonómica esta legislatura?

La comisión de expertos está trabajando y finalizará el 10 de agosto. Planteará sus conclusiones técnicas, pero, cuando llegue el momento del debate político, habrá que ver cómo se resuelve, porque los diferentes intereses pueden dificultar los pactos, necesarios para alcanzar mayorías. La Comunitat Valenciana no tiene una posición fuerte. Existe un compromiso de apoyar la mejora del actual sistema. En esta línea, iremos a la manifestación convocada por los sindicatos en octubre y, cuando se vean los resultados de la comisión y el debate, analizaremos otras posibles medidas y acciones.

¿Ha perdido la Comunitat Valenciana la oportunidad que sí aprovecharon País Vasco y Canarias?

Compromís no lo ha hecho bien. Nosotros fuimos los primeros en pedir a Joan Baldoví que negociase con sus cuatro diputados para lograr acuerdos en puntos estratégicos, como inversiones o financiación. Algunas personas pensaban que era un contrato mercantil, pero esas son las reglas del juego, nos guste o no. Coalición Canaria, con un diputado, ha logrado 500 millones de euros. Ha faltado estrategia por una visión cortoplacista o política. Los partidos deberían empezar a trabajar ya de cara a los presupuestos de 2018 para que no pase lo de los últimos meses, en los que se ha perdido la oportunidad de hacer pactos de legislatura, como estrategia de territorio.

En este contexto de limitación de recursos, ¿qué opina la CEV de la puesta en marcha de la nueva televisión pública valenciana?

Creo que somos un pueblo con identidad propia y hay que tener una televisión pública, pero me pregunto si un proyecto empresarial que se pone en marcha con más de 500 empleados de inicio es viable. A mí no me cabe en la cabeza. Un proyecto debe empezar poco a poco y, conforme funcione, ir ampliando su dimensión. Es excesivo.

La exportación ha sido el motor de la economía valenciana, pero los primeros datos de 2017 no son positivos. ¿Qué está fallando?

No se trata de un problema de la economía valenciana o española, sino global. Influyen muchos factores, como el Brexit, las políticas proteccionistas de Trump,... Las empresas de la Comunitat tienen índices de exportación cada vez más importantes, pero lo que hay que hacer es internacionalizar más. Es necesaria una mayor implicación por parte del tejido empresarial y un mayor esfuerzo en innovación, no sólo industrial, sino también de gestión.

¿Cómo ha influido el conflicto de la estiba? ¿Cree que el preacuerdo entre patronal y sindicatos sobre las líneas de base sobre las que negociar el futuro convenio supondrá la paz definitiva?

A las pérdidas en tráfico los días de paro, se ha sumado el desvío de buques a otros puertos no españoles y la posible pérdida de confianza de clientes, que puede derivar en compras puntuales, que pueden ser definitivas, a otros países, minado el esfuerzo de empresarios y trabajadores por asentar y conquistar mercados, generando riqueza, empleo y bienestar. El coste total solo lo conoceremos a medio plazo. En cuanto al acuerdo, es positivo a corto plazo, porque se cancelan los paros, pero lo importante es garantizar una solución a medio y largo plazo, y aceptada por la Unión Europea.

La inversión extranjera directa ha crecido en el primer trimestre y la Generalitat trabaja en la puesta en marcha de la Oficina de Inversiones, para captar proyectos. ¿Qué impacto esperan de esta iniciativa?

Lo que está claro, es que no podemos seguir perdiendo inversiones. Tenemos una posición geoestratégica clave y un puerto que es la envidia de muchas economías, pero hacen falta más proyectos y empresas tractoras, como ha sido Ford. En esta línea, instalaciones e infraestructuras como Parc Sagunt empiezan a dar sus frutos, gracias a la apuesta de Mercadona, que ha disparado el interés, pero falta el empujón definitivo, para que sea un parque industrial y atraiga alguna gran inversión extranjera, que actúe como impulsor. Hay que evitar situaciones como las de Lafarge en Sagunto o la de Puerto Mediterráneo -la empresa está trabajando en la revisión del proyecto y mantenemos nuestro apoyo total para que salga adelante-. Lo importante es tener capacidad de venta como territorio en el exterior.

Tras meses de reuniones de patronal y Generalitat, ¿ve posible un pacto sobre el sistema de depósito, devolución y retorno de envases?

Un acuerdo para implementar el SDDR es imposible. En todo caso, sería una imposición. Si prosperase en el Parlamento autonómico, seríamos la primera comunidad en tener este sistema, pero no se podría poner en marcha. Además, se rompería la unidad de mercado. Hemos hecho propuestas alternativas. Lo primero, es analizar la situación y, antes de implantar un modelo con máquinas, explorar las posibilidades de mejora de lo que ya tenemos. Hay que hacer los planteamientos con seriedad y rigor.

Compromís ha planteado un impuesto para gravar productos con alto contenido en azúcar, ampliándolo a los que tengan "exceso de grasas".

Este tipo de medidas tiene un objetivo claramente impositivo; si la finalidad fuese realmente mejorar la salud del consumidor, los fondos se destinarían a estudios o campañas de concienciación. Y, en estos caso, también se rompe la unidad de mercado. Hemos creado un grupo de trabajo con los sectores afectados y le hemos hecho llegar a Compromís nuestra posición. Si tenemos que ir en contra con otro tipo de medidas, se hará.

Los expertos alertan de que las empresas de la Comunitat Valenciana aún suspenden en digitalización. ¿Qué está fallando?

La digitalización es el presente y tenemos que situarla en primera línea en la agenda política, económica y social, porque las empresas mejor adaptadas tienen ventajas en innovación, productividad, competitividad y empleo. Va a ayudar a la relocalización de actividad y producción en Europa. Es absurdo ir contracorriente. Tenemos buenas instituciones académicas, universidades y centros de investigación. Falta vincularlos adecuadamente con un tejido empresarial de pequeña dimensión, con conocimiento vendible a la empresa, que lo pueda aplicar y comercializar.

*Puede leer esta entrevista completa, así como otros reportajes, análisis y noticias en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana.


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