C. Aguado: "Urge un plan de viabilidad del campo; si no, en 15 años apenas habrá agricultores y nos lamentaremos"


Cristóbal Aguado ha sido ratificado, por unanimidad, para su sexto mandato consecutivo al frente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), organización que celebra en 2017 su 40 aniversario. Aguado plantea un "diálogo muy amplio entre Administraciones autonómica, nacional y europea" para solventar los graves problemas que ponen en riesgo la competitividad y viabilidad del sector agrario, con las "graves consecuencias sociales y económicas que ello conllevaría". (Puede leer la entrevista completa y otras noticias, reportajes y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).

En el acto de celebración del 40 aniversario de AVA-Asaja, lanzó un duro mensaje contra las políticas agrarias europeas y españolas, con un llamamiento a "modificar el rumbo antes de que sea tarde" para el sector. ¿Cuáles son las prioridades para revertir esa situación?

La Política Agraria Común (PAC), en sus distintas versiones y reformas de los últimos años, ha dado como resultado para nuestra agricultura una falta de rentabilidad motivada por la crisis de precios, que ha adquirido un carácter endémico y ha provocado el paulatino abandono de tierras de cultivo y el envejecimiento de una población agraria que, por esa ausencia de rentabilidad, no encuentra el relevo generacional imprescindible para garantizar la continuidad. Además, en los primeros momentos de la entrada de España en la Unión Europea, se daba preferencia a los productos internos, lo que garantizaba una rentabilidad digna, pero la situación ha cambiado mucho. La UE defiende que es necesario firmar acuerdos con países en desarrollo para ayudarles y llevamos muchos años siendo solidarios. ¿Pueden decirnos cómo ha mejorado la vida de las personas que cultivan los campos de esos países a lo largo de este tiempo? Se están firmando convenios comerciales con terceros y la restricción de productos para enfermedades y plagas se exige sólo para la producción dentro de la UE. Se les permite que vendan sin garantías sociales, laborales ni medioambientales, lo que supone un dumping tremendo, competencia desleal y presiona la rentabilidad para el productor europeo. Además, cada nueve meses entra una plaga nueva. En el caso de Sudáfrica, el Gobierno de España, que también votó, primó los intereses de otras empresas españolas, con mayor peso político. Exigimos que se estudien y se expliquen los perjuicios para el sector y que sean compensados.

Lo cierto es que, en muchos casos, son empresas europeas las que explotan a los agricultores de otros países. Si siguen en condiciones de precariedad, es que la política europea está equivocada y alguien se está aprovechando. La UE debe exigir reciprocidad. Quien venda aquí, que cumpla las mismas obligaciones laborales, sociales y medioambientales, para garantizar una alimentación de calidad, con trazabilidad y seguridad. Y el consumidor europeo debe tener información clara en el etiquetado para poder elegir productos de proximidad, más seguros y que incentiven la economía interna, pero no se hace adecuadamente.

En este contexto, usted califica la situación de la Comunitat Valenciana como "de segunda". ¿Qué está fallando y qué hace falta?

En general, Francia, Italia y Grecia han abordado importantes planes de modernización, pero España se ha quedado atrás. Y, dentro de España, la Comunitat Valenciana recibe menos asignación que la media en los presupuestos generales en todos los conceptos y mucho menos aún en materia agraria, tanto para desarrollo rural como ayudas de la PAC. Se ha negociado mal y nos está pasando una factura tremenda. Cuando llegó la crisis, mucha gente se quedó sin empleo y volvió al campo, pero fue un espejismo. Es desesperante la renta real del sector agrario y los jóvenes, ante un futuro inseguro, buscan otros empleos. El campo no sólo no se ha rejuvenecido, sino que sigue envejeciendo. Más del 60 por ciento de los trabajadores tienen más de 60 años y no hay un relevo generacional. Como consecuencia de todo ello, sigue creciendo el porcentaje de tierra de cultivo abandonada en la región -la agricultura valenciana encabezó en 2016 el ranking de tierras de cultivo abandonadas, con 162.896 hectáreas perdidas-. Si seguimos por este camino, dentro de 15 años apenas van a quedar agricultores y entonces todos nos lamentaremos. Es necesario un plan de reestructuración de la agricultura valenciana, con una hoja de ruta clara y una dotación económica garantizada, con un proyecto de consenso entre todas las fuerzas políticas a largo plazo, para evitar que cuando haya elecciones cada conseller lleve su propio plan y que no llegue a ejecutarse. Necesitamos una modernización de estructuras, con una dimensión adecuada de las parcelas de cultivo, a través de procesos incentivados y excluidos de gastos fiscales, para llegar a un modelo de más producción y de mayor calidad, porque tenemos un nivel de minifundio exagerado; fomentar la incorporación de jóvenes; potenciar el seguro agrario y de rentas, de manera que el agricultor tenga cubierto un porcentaje mínimo del valor de su producción si hay algún contratiempo, así como contar con un centro de investigación bien dotado para ofrecer variedades de cultivo adaptadas a nuestra tierra, que nos hagan ser cada vez más competitivos. Además, es fundamental encontrar una solución a los problemas de suministro hídrico; en nuestra Comunitat hay muchas zonas afectadas por la carencia de agua, que se está acentuando por el cambio climático. Las plantas tienen que beber cuando lo necesitan, no cuando llueva. La agricultura del futuro requiere agua; en el siglo XXI no cabe apostar por una agricultura de secano, que depende de la lluvia. Es una ecuación en la que intervienen muchas partes. Hace falta un diálogo muy amplio entre Administraciones autonómica, nacional y europea.

¿Está haciendo sus deberes la Administración autonómica?

El Gobierno autonómico lleva ya dos años y los proyectos del programa electoral orientados al sector no se están cumpliendo. El PSPV presentó el mejor programa electoral en materia de agricultura, consensuado con el sector, pero es rehén de sus socios políticos -Compromís-. Entre otras cuestiones, la Generalitat está actuando como si toda la producción tuviese que ser de agricultura ecológica, y debe ser consciente de que ésta es sólo una parte de los cultivos valencianos, que tienen que responder a la demanda de los mercados. La agricultura ecológica no ha sobrepasado un nivel de demanda y está funcionando bien. Actualmente, representa en torno al 7 por ciento de la superficie de cultivo y el 2 por ciento de la producción total. En los países del norte de Europa, donde está más desarrollada, no supera el 20 por ciento del mercado. No se pueden centrar en este segmento y olvidarse de más del 90 por ciento de la producción agraria. Si se quiere impulsar la agricultura ecológica, la Administración debería trabajar en promoción, para aumentar el número de consumidores, porque los productores estamos capacitados para adaptarnos a una mayor demanda. Lo cierto es que en España tenemos la agricultura tradicional más sostenible y de mayor calidad del mundo, con un nivel muy parecido al de la agricultura ecológica. La calidad, el control de productos químicos, la trazabilidad, son extraordinarios. En cuanto a las ayudas para la incorporación de jóvenes, ha habido muchas solicitudes, pero al final se han quedado en el aire: el 65 por ciento se ha rechazado por falta de presupuesto.

Se falló, también, en la gestión de la mejora fiscal para las tributaciones de carácter agrario de 2016, de manera que la Orden de Hacienda excluyó de la rebaja de módulos, de forma arbitraria e injusta, a unos 90 pueblos de la Comunitat. Creo que el ministro Montoro no sabe lo que ha ocurrido. Hacienda se apoyó en la información de la Conselleria de Agricultura, que es un despropósito.

La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, no acudió a la celebración del Aniversario de AVA-Asaja. ¿Es un síntoma o una consecuencia de esas complicadas relaciones del sector con la Generalitat?

Creemos que debería haber estado presente, pero cada uno es libre de decidir. Acudió la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el acto contó con gran participación por parte del sector y de la sociedad, y eso es lo importante. En general, la Generalitat no está haciendo las cosas como tocan. Nosotros tenemos 40 años de experiencia y ellos sólo llevan dos de Gobierno. Hubiese sido positivo que hubiesen tenido en cuenta nuestra opinión. Es una Administración muy de calle, de que todos opinen, los que saben y los que no saben. Esto genera una multitud de opiniones y, al final, ellos deciden sobre criterios políticos. Esto no ayuda a vertebrar la sociedad, sino a desvertebrarla, con carácter populista. No se trabajan los problemas del día a día para resolverlos, sino que se venden proyectos sin hoja de ruta y sin haberlos consensuado con el sector. Los representantes del Gobierno deben de hablar con los representantes del sector, que son los que tienen el conocimiento, la experiencia y las propuestas. Si fuese así, avanzaríamos más. Necesitamos medidas económicas, fiscales, laborales y jurídicas. Sin necesidad de mucha inversión, se puede avanzar mucho. Pero quedan dos años de legislatura y, como se descuiden, no habrá ningún proyecto real.

Una de las propuestas del Gobierno era impulsar el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia), para reforzar la I+D y la productividad y competitividad del sector. ¿Se han logrado avances?

El compromiso de la Generalitat era convertirlo en el primer centro de investigación de Valencia. Dos años después, está igual o peor que antes de la llegada del actual equipo de Gobierno. Dependemos de novedades de fuera. Estamos trabajando otras líneas en I+D, como el centro de experimentación agraria de Sinyent, con cultivos valencianos y otros -papayas, kiwis, arándanos...-. Hay que diversificar la oferta y mejorar la productividad con investigación propia, para que los agricultores no tengan que pagar altos royalties por variedades desarrolladas en otros países.

Otro de los frentes abiertos de los productores agrarios es la presión de precios por parte de las grandes cadenas de distribución.

Somos el eslabón débil de la cadena agroalimentaria y la gran distribución, el eslabón fuerte. No pueden abusar y utilizar los productos del campo como reclamo, como está ocurriendo en muchas ocasiones. Producimos lo que el mercado pide y, normalmente, hay un exceso de producción. La gran distribución se apoya en eso para abusar y marcar precios indignos, que no se basan en los costes de producción, sino que aprovechan la necesidad de dar salida a las cosechas. Eso lleva a que muchas veces se pongan precios por debajo de los gastos de producción. Y, cuando uno de los grandes grupos rompe el precio de mercado, el resto exige lo mismo. Competencia impide a los agricultores fijar precios mínimos, pero sí permite las prácticas de las grandes superficies, muy organizadas, porque dice que defiende a los consumidores. Una de las líneas de trabajo de AVA va encaminada a que la UE legisle a nivel comunitario para frenar los abusos sobre los productores.

Han surgido algunas iniciativas de venta directa entre productor y consumidor. ¿Es viable esta fórmula como alternativa para el sector?

Es una línea de trabajo, pero tiene muchas limitaciones. Trabajamos con productos perecederos, que necesitan una salida rápida, y el mercado directo es muy reducido y conlleva una logística complicada.

Desde el punto de vista de la logística, el sector agroalimentario es uno de los principales defensores del Corredor Mediterráneo ferroviario.

El Corredor es una infraestructura fundamental para los agricultores valencianos, porque estamos más lejos del centro y norte de Europa, donde tenemos los principales mercados de exportación. Hay millones de traslados por carreteras, que están saturadas, y con mayores costes económicos y medioambientales que los que tendrían por tren, que contribuiría a ganar en competitividad. Esto es algo que los políticos tienen que defender.

¿Se ha estimado cuál puede ser el impacto para el sector del 'Brexit'?

La salida del Reino Unido supondrá un gran perjuicio para la agricultura, porque es el tercer mercado europeo, tras Alemania y Francia. Firmará acuerdos con otros países y es donde es necesaria una buena negociación. No podemos permitirnos más errores como el del veto a Rusia, que ha supuesto perder un mercado de 80.000 toneladas anuales sólo en cítricos, un mercado que están ocupando países competidores.

(Puede leer la entrevista completa y otras noticias, reportajes y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).


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