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El socio canadiense del Castor se desvincula de su funcionamiento

Los representantes de la firma canadiense Dundee Energy en el consejo de administración de Escal UGS -controlada en un 66,67% por ACS-, la entidad promotora y gestora del almacén de gas Castor, Muhammad Jaffar Khan y Harold Philip Gordon, se han desvinculado de las decisiones sobre el funcionamiento de las instalaciones. Khan, vicepresidente en Escal, y Gordon, consejero, han afirmado, en su declaración como investigados ante el juez, que el consejo únicamente debatía cuestiones de tipo económico y financiero, y que nunca se le planteó la necesidad de abordar estudios sobre el riesgo sísmico en la zona.

Los dos directivos afirmaron que no tenían funciones ejecutivas y no tomaron parte en las decisiones sobre las inyecciones de gas en el almacén subterráneo, que se vinculan directamente con los alrededor de mil seísmos que afectaron a la zona durante su ejecución. Asimismo, aseguraron que no recuerdan si se convocó al consejo para infomarle y tomar medidas ante estos sucesos. Ambos indicaron que, finalmente, fueron informados de los mismos por el presidente de Escal, Recaredo del Potro.

Gordon y Khan atribuyeron a Del Potro, Carlos Barat, director de Escal, y José Luis Martínez Dalmau, consejero de la sociedad, la responsabilidad ejecutiva de la compañía.

Con estas declaraciones, el Juzgado de Instrucción 4 de Vinaroz, que instruye el 'caso Castor', ha escuchado ya a los 18 imputados -hasta el momento- en la causa, en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del Castor y los posibles delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente derivados de ella.

Causa compleja

El titular del Juzgado, Víctor Manuel Capilla, declaró, en enero, "causa compleja" el caso Castor, que supera ya los 13.000 folios, ampliando el plazo de instrucción en 18 meses. El juez expuso, como principales motivos de esta decisión, el alto número de investigados -término que sustituye al de imputados-, que asciende actualmente a 18 -si bien, el fiscal no descarta incluir a otras personas- en la necesidad de revisar la gestión y actuaciones de una "persona jurídica privada, Escal Ugs" -gestora de la planta-, y de los miembros de su consejo de administración, así como de "personas jurídico-públicas, como el Instituto Geológico y Minero de España y la Dirección General de Política Energética y Minas, entre otras", que puede "implicar el examen de abundante documentación".

Además, expone que la naturaleza de los hechos que se investigan puede hacer necesaria la realización de "complicados análisis".

La medida fue solicitada por el fiscal y respaldada por el resto de partes personadas en el caso, incluida Escal Ugs, y contó con la única oposición del Abogado del Estado.

Más de 1.600 millones de indemnización

El Ministerio de Industria ordenó, en septiembre de 2013, el cese de actividad del Castor, tras registrarse centenares de terremotos que se vincularon a la planta. Enagás fue elegido administrador del almacén, con el encargo de proceder a su hibernación, tras la renuncia por parte de la gestora -participada por ACS y Escal-, a la que el Estado acordó indemnizar con 1.350 millones de euros por la suspensión del proyecto. A ellos se han sumado más de 300 millones, superando ya los 1.600 millones de coste directo para las arcas públicas.


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