'Nacionalizar' las autopistas vencidas costará 300 millones al año al Estado

7:35 - 17/08/2016
  • Itínere y Abertis quieren extender contratos a cambio de mejorar vías
  • En la próxima década finaliza la concesión de 12 autopistas estatales
  • Sector avisa: el déficit público obligará al Gobierno a introducir peajes

La reversión al Estado de las autopistas de peaje supondrá un golpe para las arcas públicas de más de 300 millones de euros. Un coste adicional al de las radiales en riesgo de quiebra, que podría alcanzar los 5.000 millones. El Gobierno de Mariano Rajoy -en funciones- se ha comprometido a convertir en gratuitas aquellas vías de pago que vayan agotando su concesión.

La hasta hace unas semanas ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor -hoy presidenta del Congreso de los Diputados- se erigió en la primera defensora de esta medida que, sin embargo, ataca los objetivos de rebajar el déficit público y contraría los intereses de las sociedades concesionarias, entre las que sobresalen Abertis e Itínere, las primeras que se verían afectadas.

En el sector, de hecho, dudan de que esta promesa pueda hacerse efectiva, precisamente, por los ajustes presupuestarios que exige Bruselas. Temen, además, que menoscabe la ya, a su juicio, insuficiente conservación de las carreteras y, en consecuencia, la seguridad de los ciudadanos. La Asociación Española de la Carretera (AEC) estima que el déficit acumulado asciende a 6.617 millones.

Por ello, consideran que será necesario la aplicación, al menos, de una fórmula de peaje blando, como ocurre, por ejemplo, en las autopistas vascas que en su momento fueron revertidas al Gobierno autonómico. La demanda de las concesionarias, no obstante, pasa por negociar con el Ejecutivo la extensión de las concesiones a cambio de acometer nuevas inversiones o, en su defecto, la relicitación.

Tanto Pastor como el secretario de Estado de Infraestructuras Julio Gómez-Pomar, han defendido públicamente en reiteradas ocasiones, sin embargo, que las autopistas serán completamente gratuitas a su vencimiento y que no se contempla ningún tipo de peaje, lo que implicará que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán asumir el coste del mantenimiento de las carreteras. Los estudios sectoriales indican que la conservación de las vías de gran capacidad supone un coste anual medio de alrededor de 50.000 euros por kilómetro.

En los próximos 10 años vence el periodo de explotación atribuido a cinco sociedades concesionarias: AP-1 Europistas, Aumar, Acesa, Henarsa y Avasa. En conjunto, las autopistas que operan suman 1.410,1 kilómetros, lo que representa el 51 % de los 2.759 kilómetros que totalizan las autopistas de peaje del Estado.

Nacionalizar la gestión de estas autopistas implicará, al final del periodo, un coste superior a los 300 millones anuales para las arcas públicas. Este importe deriva, por un lado, de los gastos de conservación. De acuerdo con las estimaciones de la Dirección General de Carreteras, en el año 2015 supusieron 85,6 millones. A esto habría que sumar el retorno fiscal vía impuestos de las concesiones, que en el pasado ejercicio se calcula en 220,1 millones.

Si finalmente se conforma este año un Gobierno liderado por el Partido Popular y éste sigue adelante con su propuesta de revertir las autopistas de peaje, en la legislatura tendrá que afrontar la nacionalización de cuatro vías. En noviembre de 2018 vence el contrato de la AP-1 Burgos-Armiñón, que suma 84,3 kilómetros de longitud y está gestionada por la sociedad Europistas, propiedad de Itínere. En 2019, igualmente concluye la concesión de Aumar, controlada por Abertis y que opera los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Valencia (225,3 kilómetros) y Valencia-Alicante (148,5 kilómetros), así como la AP-4 Sevilla-Cádiz (93,8 kilómetros).

En Cataluña y Baleares

Ya en agosto de 2021 expira el contrato de Acesa, también de Abertis. Esta concesionaria explota cuatro tramos de la AP-7 (La Jonquera-Montmelo, Montmelo-Papiol, Papiol-Tarragona y Papiol-Molins de Rei), que alcanzan los 262,8 kilómetros. Mientras, en 2014 le llega el turno a Henarsa (Abertis, Acciona y Globalvia), y que es la responsable de un tramo de la M-50 (21,4 kilómetros) y de la R-2 Madrid-Guadalajara (64,1 kilómetros), una de las radiales en riesgo de quiebra. En 2026 vence la concesión de la AP-68 Bilbao-Zaragoza (294,4 kilómetros), que gestiona Avasa (Abertis).

Adicionalmente, en los próximos años también finalizan las concesiones de varias autopistas autonómicas. Es el caso, en Cataluña, de la C-32 Montgat-Tordera, que opera Invicat (Abertis), y de la C-33 Barcelona-Montemelo, explotada por Túnel de Soller, propiedad de Globalvia, y que expiran en 2021. La Generalitat ya ha anticipado que no prorrogará los contratos. En 2022, por su parte, termina igualmente la concesión del Túnel de Soller (Globalvia), en Baleares.

En la próxima década, por tanto, vencerá la concesión de 1.479,6 kilómetros de autopistas de peaje, tanto estatales como autonómicas, lo que supone el 45 % del total (3.307 kilómetros).

Conservación y seguridad de las carreteras

La Asociación Española de la Carretera (AEC) estima que la red española presenta un déficit acumulado en conservación de 6.617 millones de euros. En el sector inciden en que el mantenimiento de las vías de gran capacidad gestionadas por empresas privadas no depende de la disponibilidad presupuestaria de la Administración.

La AEC apunta al progresivo deterioro de las autopistas sin peaje, tanto estatales como autonómicas, que sitúa hoy su estado muy por debajo del mínimo aceptable. Por ello, las firmas privadas consideran que la reversión de las vías de peaje al Estado empeorará su conservación, ya que la inversión de las Administraciones se ha demostrado inferior a la acometida por las concesionarias.

Además, la ausencia de peajes multiplicará el tráfico de estas autopistas, lo que obligará, a su juicio, a tener que realizar mayores inversiones si se quiere ofrecer un servicio eficiente y se protege la seguridad de los usuarios.


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