El debate imperfecto sobre la financiación de TVE: ¿Seguiremos el rastro de Sarkozy?

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Quienes hemos defendido siempre la tesis de que la televisión pública realiza competencia desleal a las televisiones privadas con la doble financiación hemos de ver forzosamente con buenos ojos el anuncio de Rodríguez Zapatero de una "reducción drástica" de la publicidad en RTVE.

Sin embargo, el asunto es complejo y requiere mayores precisiones para que la medida tenga sentido y resulte por tanto satisfactoria.

El rastro de Sarkozy

La decisión gubernamental española, que se plasmará en la futura ley Audiovisual, sigue evidentemente el rastro de las medidas adoptadas por Sarkozy en el país vecino, donde se ha iniciado una supresión parcial de la publicidad en las cadenas públicas hasta su completa desaparición en 2011. La reforma francesa prevé compensar la pérdida de ingresos por esta causa con un nuevo impuesto que gravará la facturación de los operadores de telecomunicaciones -telefonía e Internet- y con un gravamen del 3% sobre la facturación de las televisiones privadas cuando superen los 11 millones de euros.

En otras palabras, en Francia no hay intención de cambiar el modelo audiovisual sino apenas de transferir el costo de la televisión pública desde los anunciantes a empresas del sector privado. Algo controvertible, e incluso absurdo según algunos puntos de vista.

En España, tan sólo se conoce al respecto lo manifestado por el presidente del Gobierno, si bien fuentes gubernamentales han añadido que se descarta que para financiar RTVE se recurra al copago o a la imposición de un canon. En otras palabras, de momento hay razones para sospechar que lo que el Gobierno se propone es simplemente cargar la factura de RTVE a los Presupuestos Generales del Estado. Opción que resultaría totalmente inaceptable si no incluyera una reforma radical del audiovisual público, que en una segunda fase debería alcanzar asimismo a las televisiones autonómicas.

El concepto de televisión pública

En efecto, el debate central que debemos abrir cuanto antes versa sobre si tiene o no sentido que RTVE mantenga canales de televisión comercial, dedicados al simple entretenimiento en competencia con los restantes canales de la oferta televisiva. Porque una parte probablemente significativa de la opinión pública cree que no es razonable que el audiovisual público ofrezca algo más que programas de servicio público en un sentido restrictivo del concepto.

Algunos todavía no hemos entendido por qué, si sería impensable que hubiese prensa pública en una democracia, se considere natural que haya en ellas televisión pública. Pero al margen de esta paradoja, lo que debe evitarse por razones fácilmente inteligibles es que los ciudadanos hayamos de pagar a escote un ente audiovisual gigantesco que se limite a aportar como ahora banalidad al conjunto de la oferta.

La televisión pública estatal, que ha conseguido felizmente la neutralidad ideológica en los últimos años, puede prestar un indudable servicio a la cultura, a la educación, a la cohesión social, a la información política... Si se reorienta en esta dirección, la reforma anunciada por Zapatero tiene sentido. En caso contrario, resultará muy difícil de justificar.

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