Las ciudades se resignan a regular las casas de Airbnb desde el tejado

11/05/2018 - 22:22
Foto: Archivo

Internet va por delante. Siempre es así. Quien pretenda regular cualquier fenómeno online se encontrará con el paso cambiado desde el primer momento. Las administraciones asumen que no les queda más remedio que construir las leyes desde el tejado, con un parche sobre otro y con dispersión de recursos. El primer objetivo de cualquier autoridad responsable de la normalización de los apartamentos y viviendas turísticas en España consiste en fiscalizar cada euro que se mueve de espaldas a Hacienda. El segundo, pasa por poner orden en el caos y el tercero consiste en limitar los efectos colaterales sobre el acceso a la vivienda de alquiler y el perjuicio desproporcionado de los sectores ya establecidos.

Lo anterior explica que un día se impongan multas a las plataformas que intermedian en el negocio (Barcelona), otro se exijan limitaciones de 90 días al año (Baleares) o de 45 días (Valencia) y un tercero se requiera que el acceso a la vivienda vacacional se realice por una puerta independiente del edificio (Madrid). Algunos municipios amenazan con prohibir cualquier tipo de alquiler turístico entre particulares (Palma de Mallorca), otros vetan la actividad cuando afecta a viviendas de protección oficial (Málaga), otro condiciona que sólo pueda existir un casero por edificio, y siempre situado en el primer piso (Bilbao) o que los propietarios no puedan acumular más de dos viviendas turísticas a menos de un kilómetro de distancia (Sevilla).

Todas los gobiernos y administraciones se miran entre sí e imponen el modelo de prueba-error a golpe de litigio. Los lobbies de los sectores más afectados mueven los hilos para que aportar competencias a las comunidades de propietarios, a través de los propios estatutos. Visto lo visto, la casuística parece infinita y esto no ha hecho más que empezar...

En todo el mundo se cuentan por miles de millones los beneficiarios y por decenas de miles los damnificados. Poco más o menos, eso es lo que está pasando estos días con Airbnb y sus iguales, como Booking, HomeAway y Wimdu. La ocurrencia genial irrumpe libremente en la Red, echa raíces en el terreno fértil en la economía colaborativa y crece a velocidades monstruosas en todo el mundo. Las competencias turísticas comunitarias y nacionales -transferidas a las respectivas comunidades autónomas-, colisionan con los intereses de los municipios y las comunidades de propietarios. No hay semana sin sobresaltos.

Airbnb y sus hermanos sacuden los cimientos de los establecimientos hoteleros tradicionales. Quien lo prueba, repite. La fuga de clientes se multiplica con el boca a boca y la comparación calidad/precio resulta desigual, especialmente cuando el bajo precio cotiza al alza. El juego es conocido: Todo se reduce a contactar a un casero con un huésped a través de un clic. La oferta y de la demanda se encarga del resto. Luego se añade una pasarela de pago y un escaparate global, con la paradoja de que el mayor grupo de reserva de habitaciones del planeta carece de camas propias.

La situación de alegalidad que afectaba a los usuarios de Airbnb en todo el país, ha dejado de serlo en la mayoría de las comunidades autónomas. Pese a ello, apenas el 10% de los usuarios que se han censado como agentes de esta actividad económica en sus respectivas demarcaciones. Ciertas comunidades -como Baleares-, consideran exigir el pago de la tasa turística en estos establecimientos. También hay otras que meditan convocar nuevo empleo público, con plazas para inspectores para este tipo de negocio, como en su día hicieron para controlar el aparcamiento regulado. Por ahora, las multas que golpearán a los propietarios exentos de permisos alcanzaría los 50.000 euros. Lo único seguro es que el camino regulatorio se hará al andar, aunque sea a trompicones.


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