La UE pacta eliminar las restricciones geográficas que limitan el catálogo de servicios online como Netflix o Spotify

8/02/2017 - 10:18 Actualizado: 09:09 - 9/02/17
  • Se buscarán criterios "más robustos" para verificar la residencia del usuario

La Unión Europea ha alcanzado un principio de acuerdo para que los europeos que contraten el visionado de películas, música, juegos u otros contenidos online que ofrecen plataformas como Netflix o Spotify tengan derecho a la "portabilidad" de este servicio cuando viajen a otros Estados miembros.

"Acuerdo. Otra barrera digital retirada", ha anunciado la presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa Malta, y que se ha encargado de mediar las negociaciones entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión. La presidencia maltesa ha celebrado así que los europeos que viajen dentro de la Unión Europea ya no sufrirán los "cortes" en sus servicios online contratados.

Con todo, la "portabilidad" se aplica a los contenidos que ofrezca la plataforma en el abono o prepago realizado por un usuario en el Estado miembro en el que resida, pero no afecta al bloqueo geográfico que seguirá imponiéndose en los contenidos audiovisuales y que impedirá contratar su visionado en un país de la UE distinto al que se reside.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Mercado Único Digital e impulsor de esta medida, Andrus Ansip, ha aplaudido los términos del acuerdo, pero ha advertido de que ahora son necesarios nuevos pactos para "modernizar" las reglas en materia de copyright y asegurar un acceso "más amplio" a los contenidos creativos más allá de las fronteras".

El consenso para la portabilidad de contenidos online se ha logrado tras incluir criterios "más robustos" para la verificación de la "residencia efectiva" del suscriptor a una de estas plataformas digitales, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la negociación.

Así, los proveedores podrán elegir "hasta un máximo de dos" de los diez criterios de verificación propuestos en las nuevas normas, entre ellos el documento de identidad, métodos de pago, la declaración de impuestos o la dirección de IP.

También podrán solicitar una nueva verificación si tienen "dudas razonables" de que se esté produciendo un uso fraudulento del servicio contratado y llegar a suspender el servicio si se comprueba el uso abusivo.

Las disposiciones del acuerdo han buscado el "equilibrio" entre una verificación "eficaz" de la residencia del abonado y la "estacionalidad" de la portabilidad del servicio, al tiempo que no se incurre en sobrecostes para las compañías ni se pone en peligro el derecho a la intimidad de los usuarios.

Un mercado más amplio

Con las nuevas normas -que la Comisión Europea confía en que se puedan aplicar este mismo año, en plazos similares al fin del 'roaming'-, es asegurar que un usuario tiene acceso a su abono contratado en su país de residencia desde cualquier dispositivo o Estados miembro en el que se encuentre de manera temporal.

Todas las plataformas de pago deberán cumplir con la obligación de permitir la portabilidad del visionado de sus contenidos contratados, si bien será una medida facultativa para los contenidos gratuitos, como pueden ser las televisiones públicas o emisoras de radio.

"El acuerdo no solo beneficiará a los usuarios, sino también a los proveedores de servicios 'online', a los creadores y a los propietarios de derechos de autor", ha asegurado el negociador del Parlamento Europeo, el eurodiputado liberal francés Jean-Marie Cavada.

Los Estados miembros cerraron la pasada semana un mandato negociador para tratar de cerrar un acuerdo esta semana, con la única "reserva" de España, que no veía suficientes las salvaguardas previstas para evitar el fraude y que dudaba también de que los derechos de autor estuvieran suficientemente protegidos.

El pacto anunciado este martes tras una negociación a tres bandas entre las instituciones está aún pendiente del visto bueno de los Estados miembros y de la Eurocámara en próximas fechas.

Los Veintiocho serán informados este mismo miércoles de los detalles del acuerdo, pero no se espera que sea sometido aún a votación, según las fuentes consultadas. La nueva reglamentación se empezará a aplicar nueve meses después de que sea publicada por el Diario Oficial de la Unión Europea.


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