Bruselas no puede denegar el acceso a los escritos de los Estados miembros usados en juicios

  • Puede negar un documento si perjudica el litigio...
  • ...salvo que su divulgación revista un interés público superior
Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. eE

La Comisión no puede denegar el acceso a los escritos de los Estados miembros que obran en su poder, por el mero hecho de que se trate de documentos relacionados con un procedimiento judicial, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 18 de julio de 2017.

El Tribunal de Justicia confirma la sentencia del Tribunal General según la cual la decisión sobre tal solicitud de acceso debe adoptarse sobre la base del Reglamento relativo al acceso del público a los documentos que obren en poder del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

Mediante escrito de 30 de marzo de 2011, el recurrido solicitó a la Comisión que le concediera el acceso a una serie de documentos con arreglo al Reglamento 1049/2001. Los documentos solicitados se referían al procedimiento por incumplimiento iniciado en 2007 por la Comisión contra la República Federal de Alemania y la República de Austria en relación con la transposición de la Directiva (CE) 2006/24 sobre la conservación de datos.

¿Funciones administrativas o judiciales?

La Comisión, en un primer momento, denegó la solicitud y posteriormente decidió, tras una solicitud confirmatoria, conceder el acceso, pero sólo a algunos de los documentos solicitados. La Comisión denegó conceder el acceso a los escritos procesales presentados por la República de Austria en el asunto Comisión/Austria debido a que dichos escritos no estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 1049/2001.

El Ejecutivo comunitario afirmó que los escritos procesales son documentos judiciales, y que al Tribunal de Justicia sólo se le aplican las normas sobre el acceso a los documentos cuando desempeña sus funciones administrativas. Además, el Estatuto del Tribunal de Justicia no contemplaba el envío de copias de escritos procesales a terceros.

La Comisión señaló que el Tribunal de Justicia no examinó en la sentencia API -si las instituciones deberían conceder el acceso a los escritos procesales de otra parte-. En cualquier caso, tal interpretación sería contraria al hecho de que el artículo 15 del TFUE se opone a una interpretación del Reglamento n.º 1049/2001 que incluya los escritos procesales de los Estados miembros.

En primer lugar, el ponente, el magistrado Allan Rosas, observa que no tiene que pronunciarse sobre la cuestión de si la Comisión debe conceder al reclamante el acceso a los escritos controvertidos. Únicamente debe determinar si la solicitud de acceso está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 1049/2001. Seguidamente, el Tribunal de Justicia confirma que el Reglamento es ciertamente aplicable a una solicitud como la formulada.

En efecto, el hecho de que el Reglamento 1049/2001 no sea aplicable a las solicitudes de acceso a los documentos remitidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no significa que los documentos relacionados con la actividad judicial de esa institución no se incluyan, por principio, dentro del ámbito de aplicación de ese Reglamento cuando tales documentos se encuentren en poder de las instituciones de la Unión enumeradas en el Reglamento, como la Comisión.

Los intereses legítimos de los Estados miembros por lo que respecta a tales documentos pueden garantizarse a través de las excepciones al principio del derecho de acceso a los documentos previstas en el Reglamento. Así, el Reglamento establece que las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales, salvo que su divulgación revista un interés público superior.

Esta excepción pretende garantizar que el derecho de acceso a los documentos de las instituciones se ejerza sin perjudicar a la protección de los procedimientos judiciales. En particular, esta protección conlleva que se asegure el respeto de los principios de igualdad de armas y de buena administración de la justicia.

El Tribunal de Justicia recuerda a este respecto que, él mismo, ha reconocido la existencia de una presunción general según la cual la divulgación de los escritos presentados por una institución en un procedimiento judicial perjudica a la protección de ese procedimiento en el sentido de la excepción, antes citada, en tanto el referido procedimiento esté pendiente. Esta presunción general de confidencialidad se aplica también a los escritos presentados por un Estado miembro en un procedimiento judicial.

Asimismo, el Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento dispone que un Estado miembro puede solicitar a una institución que no divulgue un documento procedente de éste sin su consentimiento previo. No obstante, no confiere a dicho Estado miembro un derecho de veto general e incondicional para oponerse discrecionalmente a la divulgación de documentos que procedan de él y que estén en poder de una institución.

El Tribunal de Justicia subraya además que, si bien el Tratado de Lisboa sigue excluyendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea del régimen de acceso a los documentos cuando éste ejerce funciones jurisdiccionales, 6 el citado Tratado ha ampliado el ámbito de aplicación del principio de transparencia en el Derecho de la Unión con el objetivo de una administración europea abierta.

Por último, el Tribunal de Justicia decide que el Sr. Breyer deberá cargar con la mitad de las costas en que incurrió en el presente recurso de casación a pesar de que se desestimaron todas las pretensiones de la Comisión. En efecto, este ciudadano publicó en Internet versiones anonimizadas de los escritos presentados en el procedimiento de casación. Esta publicación no autorizada supone un uso inadecuado de los escritos procesales, que puede perjudicar la buena administración de la justicia, y que debe tenerse en cuenta a la hora del reparto de las costas en el presente procedimiento.

España, Francia, Finlandia y Suecia, que apoyaron la postura de Bruselas, deberán pagar también, su parte de las costas.

La legislación y las excepciones

De conformidad con el considerando 2 del Reglamento n.º 1049/2001, que regula el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, éste pretende "garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración para con los ciudadanos en un sistema democrático". Su considerando 4 indica que "tiene por objeto garantizar de la manera más completa posible el derecho de acceso del público a los documentos".

A tenor del considerando 10 de este Reglamento, "con objeto de aumentar la apertura de las actividades de las instituciones, conviene que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión permitan el acceso no solamente a los documentos elaborados por las instituciones, sino también a los documentos por ellas recibidos. Al respecto, se recuerda que la Declaración número 35 aneja al Acta final del Tratado de Ámsterdam prevé que un Estado miembro podrá solicitar a la Comisión o al Consejo que no comunique a terceros un documento originario de dicho Estado sin su consentimiento previo".

Señala el considerando 11, que "en principio, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público. No obstante, deben ser protegidos determinados intereses públicos y privados a través de excepciones. Conviene que, cuando sea necesario, las instituciones puedan proteger sus consultas y deliberaciones internas con el fin de salvaguardar su capacidad para ejercer sus funciones. Al evaluar las excepciones, las instituciones deben tener en cuenta los principios vigentes en la legislación comunitaria relativos a la protección de los datos personales, en todos los ámbitos de actividad de la Unión".

Por otra parte, el artículo 2.3 del Reglamento dispone que éste "será de aplicación a todos los documentos que obren en poder de una institución; es decir, los documentos por ella elaborados o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea".

A efectos de estanorma, el término documento se define en el artículo 3, letra a), como "todo contenido, sea cual fuere su soporte (escrito en versión papel o almacenado en forma electrónica, grabación sonora, visual o audiovisual) [referente] a temas relativos a las políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la institución".

El artículo 4, por su parte, prevé una serie de excepciones al acceso a los documentos y sus modalidades. A tenor del artículo 4.2, "las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de [...] los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico [...] salvo que su divulgación revista un interés público superior".

El artículo 4.4 dispone que "en el caso de documentos de terceros, la institución consultará a los terceros con el fin de verificar si son aplicables las excepciones [...], salvo que se deduzca con claridad que se ha de permitir o denegar la divulgación de los mismos» mientras que el artículo 4, apartado 5 afirma que «un Estado miembro podrá solicitar a una institución que no divulgue sin su consentimiento previo un documento originario de dicho Estado".

Finalmente, el artículo 4.7 establece un límite temporal al uso de las excepciones: "las excepciones, tal y como se hayan establecido en los apartados 1, 2 y 3 sólo se aplicarán durante el período en que esté justificada la protección en función del contenido del documento. Podrán aplicarse las excepciones durante un período máximo de 30 años. En el caso de los documentos cubiertos por las excepciones relativas a la intimidad o a los intereses comerciales, así como en el caso de los documentos sensibles, las excepciones podrán seguir aplicándose después de dicho período, si fuere necesario".

Con respecto a la Decisión sobre el acceso del público a los documentos que obren en poder del Tribunal de Justicia actuando en ejercicio de sus funciones administrativas, el artículo 1.1, de la Decisión establece que "se aplicará a todos los documentos que obren en poder del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que hayan sido elaborados o recibidos por el Tribunal y estén en poder del mismo, en el marco del ejercicio de sus funciones administrativas".

Además, con arreglo al artículo 3.3, se regula que ?se denegará el acceso a todo documento elaborado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para su uso interno o recibido por él y relacionado con un asunto sobre el que el Tribunal no haya tomado todavía una decisión, si su divulgación perjudica gravemente el proceso de toma de decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se denegará el acceso a todo documento que contenga opiniones para uso interno, en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso después de adoptada la decisión, si la divulgación del documento perjudica gravemente el proceso de toma de decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".


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