La declaración sumarial puede ser leída en el proceso como prueba

  • A falta del testigo de cargo, el relato de lo dicho a un policía no es fundamental
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En un proceso, se puede rescatar la declaración realizada por un testigo de cargo en fase sumarial con el carácter de prueba preconstituida, siempre y cuando haya existido contradicción mediante la intervención de la dirección letrada de los investigados.

Así lo determina el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 2016, que ante la negativa del testigo de cargo a declarar en el juicio, señala que el testigo de referencia "no puede convertirse en un atajo para sustraer al principio de contradicción el testimonio directo".

El ponente, el magistrado Moral García, dictamina que en estas condiciones el testimonio de referencia -en el que un agente de Policía expone lo que le relató el testigo protegido- no puede sustituir al testigo principal. Así, solo valdría como un elemento más corroborador. Una condena no puede basarse sólo en él, pues quedaría burlado el derecho a reinterrogar a la testigo de cargo.

Razona Del Moral García que si la prueba preconstituida no puede ser usada frente al recurrente, pues el déficit de contradicción afectaría a la equidad global del proceso; el testimonio de referencia no puede suplir el de la víctima; no hay responsabilidad alguna en la defensa en relación a esa falta de contradicción y el resto de pruebas -testigos- son exculpatorias; solo cabe la absolución que plasmará en una segunda sentencia por exigencias de la presunción de inocencia.

"El mero silencio no es más que ejercicio de un derecho procesal fundamental; nunca un indicio de cargo. Puede tener significación cuando el silencio tiene también una faz positiva: implica negarse a ofrecer una explicación que, si existiese, solo el acusado puede ofrecer", razona el magistrado.

Y concluye, que de ahí sí podría inferirse en algunos supuestos que si no se ofrece es porque no la hay. Pero sería improcedente desde esa base dar el salto a considerar que

el acogimiento al derecho a no declarar sería una señal de que se oculta algo inconfesable, que podría generar legítimas sospechas. "Esa concepción que parece asomar en la sentencia debe ser tajantemente rechazada", dice.

Cita además, la sentencia del Tribunal Constitucional 220/1998, en la que se establece que "so pena de asumir un riesgo de inversión de la carga de la prueba, la futilidad del relato alternativo que sostiene el acusado y que supone su inocencia, puede servir acaso para corroborar su culpabilidad, pero no para sustituir la ausencia de pruebas de cargo suficientes".

Que el acusado no refute expresamente con su declaración las imputaciones no aporta absolutamente nada desde el punto de vista probatorio.

Solo puede tener valor más argumental que probatorio el hecho de que ante una evidencia patente, que solo él podía explicar decline esa posibilidad.


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