Los jueces se movilizarán si el Gobierno traspasa la Justicia a Cataluña

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Los jueces se movilizarán si el Gobierno mantiene su intención de "interpretar la Constitución" para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que limitó las competencias que el Estatuto de Cataluña arroga a la Generalitat y al Consejo de Justicia.

Así lo ha anunciado este pasado fin de semana la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector. Su portavoz, el magistrado Antonio García, manifestaba que "esta decisión demuestra la voluntad del Gobierno de desacatar la través de un regate la definición que ha dado el Tribunal Constitucional de qué es o no acorde con la Constitución".

La asociación explicó que esperaba que Administraciones Públicas, partidos políticos u otras organizaciones, "darían ejemplo con acatamiento y sometimiento a la sentencia sobre el Estatuto, que establece con extraordinaria rotundidad unos principios muy concretos sobre el Poder Judicial".

Al contrario, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha negado que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial rompa la unidad de la Justicia en España y entiende positivo que la delegación de competencias a los consejos autonómicos no sólo afectarán a Cataluña, sino a otras comunidades autónomas.

Nuevo campo para la guerra política

Tanto PP como PSOE han abierto una fuerte discusión sobre el encargo realizado por el Consejo de Ministros al titular de Justicia, Francisco Caamaño, para que modifique la Ley Orgánica.

Así, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que su partido defenderá la unidad e independencia del poder judicial, así como la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por el contrario, la secretaria de Desarrollo Estatutario del PSC y secretaria del Gobierno de Cataluña, Laia Bonet, ha pedido un calendario para que se pueda recuperar el Estatuto en su integridad.

Y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva socialista, Álvaro Cuesta, aseguraba que la sentencia es buena porque, al tratarse de una sentencia interpretativa, "es posible desarrollar con instrumentos formales, los objetivos y aspiraciones de autogobierno que se habían diseñado en el propio Estatuto, bien es cierto que requieren un soporte legal".

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