El PP ordena la abstención en la votación del nuevo modelo de financiación

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Las comunidades gobernadas por el Partido Popular con mayoría absoluta han recibido la instrucción por parte de la dirección del partido de abstenerse ante la propuesta del Gobierno sobre el modelo de financiación autonómica que se votará esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así lo ha especificado el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien ha señalado que a pesar de la abstención, las autonomías gobernadas por su partido mantienen su oposición a este modelo porque "es perjudicial para toda España".

El Gobierno sacará adelante el proyecto

El Ejecutivo cuenta con el 50% de los votos del CPFF, a los que se unirán el apoyo de las comunidades socialistas, que ya han manifestado su beneplácito al nuevo sistema, encabezadas por Cataluña y Andalucía, dos de las principales beneficiarias del modelo.

Sin embargo, otras comunidades socialistas como Extremadura, Aragón o Asturias han vencido sus reticencias iniciales y apoyarán el nuevo modelo con "correcciones", mientras que Canarias (gobernada por CC y PP) dará un sí crítico.

Génova pide la abstención

Los 'populares' concluyen que el modelo es "insolidario, poco transparente y muy complejo", como resultado de una negociación en "la que se ha pretendido contentar a todos".

Según la Dirección del PP, se ha creado una "gran incertidumbre" respecto a los efectos de su aplicación, que "sólo se resolverá en 2012 con la primera liquidación del modelo". Sin embargo, ante la situación de asfixia financiera que están atravesando muchas autonomías, el PP ya trabaja con la idea de que varias de sus comunidades no se opongan con un 'no' rotundo al nuevo modelo, sino que opten por la abstención.

Reforma refrendada en las Cortes

Una vez ratificado el nuevo sistema por el CPFF, el Gobierno remitirá a las Cortes la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, que deberá ser refrendada por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV. Posteriormente, será discutido por las comisiones de transferencias de las distintas CC.AA.

El pasado domingo, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, presentó públicamente el nuevo sistema de financiación y se lo remitió a las comunidades autónomas, tras más de 100 entrevistas con los diferentes representantes de los gobiernos regionales.

La nueva financiación, que entrará en vigor desde 1 de enero de 2009 y se aplicará de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales "ligeramente superiores" a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.

El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar. Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.

El nuevo modelo garantiza la prestación de los servicios públicos, puesto que dedicará el 80% del total de los recursos a la financiación de los mismos a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. En concreto, esta "bolsa común" contará con el 75% de lo recaudado por cada comunidad autónoma a la que se sumará una aportación del Estado equivalente al 5%.

Asimismo, el nuevo modelo contempla la instauración de un Fondo de Suficiencia Global, íntegramente financiado por el Estado, que pretende complementar los recursos tributarios no integrados en la garantía de servicios públicos fundamentales y que permite incluir competencias no homogéneas.

Por otro lado, el Estado aportará nuevos recursos para la constitución de un Fondo de Competitividad y un Fondo de Cooperación para facilitar la convergencia en los niveles de renta de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y cuyos recursos se distribuirán entre las CC.AA. con menor renta per cápita o que registren una dinámica poblacional especialmente negativa.

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