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Arranca el juicio contra la excúpula del PP de Camps por su presunta financiación ilegal

9:40 - 15/01/2018 Actualizado: 11:53 - 15/01/18
  • Los exaltos cargos del PP se enfrentan a casi ocho años de prisión
  • Correa y Crespo a 24 años y medio y 'El Bigotes' a unos 27 años

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado este lunes a juzgar a los 20 acusados de participar en la presunta financiación irregular en el PP de la Comunidad Valenciana en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, entre los que se encuentran el cabecilla de la 'Gürtel', el empresario Francisco Correa; el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, y la excúpula de la formación política regional.

El juicio dirigido por el juez José María Vázquez Honrubia, que ha comenzado con una hora y cuarto de retraso, ha iniciado con las cuestiones previas. En la primera fila del banquillo de los acusados se sientan Correa, Crespo y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', quienes ya están en prisión cumpliendo condena por amañar los contratos públicos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009.

En segunda fila se encuentran el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla; el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputado regional, Ricardo Costa, acompañados de otros exdirigentes 'populares' y empresarios. El exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputado regional David Serra se sienta en la tercera fila.

Ha sido la fiscal Myriam Segura la que ha comenzado a relatar los hechos por lo que acusa a 19 personas -uno de ellos sólo es acusado por la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano- y ha anunciado la supresión del delito electoral relativo a las elecciones municipales de 2007 correspondiente a Rambla. En cuanto a Correa, si se prueba que durante la celebración del juicio colabora con la justicia, tal y como él mismo anunció, Fiscalía atenderá a aplicar atenuantes en su petición de pena.

Fuentes jurídicas han informado que el líder de la trama corrupta ha renunciado a presentar cuestiones previas, al igual que hizo en el primer juicio que celebró la Audiencia Nacional sobre la red corrupta, la relativa a los primeros años de actividades (1999-2005).

El escrito de Correa al juez

Unos días antes de inicio de la vista oral, Correa hizo llegar un escrito al juez José María Vázquez Honrubia en el que busca que la Fiscalía Anticorrupción rebaje su petición de pena para él. Para ello ha reconocido hechos como que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

"El pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en 'b' y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas", explica Correa en un escrito.

Por otra parte, nueve de los empresarios acusados también reconocieron haber financiado forma irregular a la formación política, por lo que han alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público y han aceptado penas de entre 15 y 21 meses.

La Fiscalía solicita para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión y 27 años para 'El Bigotes' por delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y delitos fiscales. Para los exaltos cargos del PP valenciano interesa la pena de siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García y para Rambla, para quien se ha modificado la acusación.

El fiscal recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que "aprovechó" el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.


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