La reducción de la pena se rige por la ley del país en el que se cumpla

14/11/2016 - 6:00
  • El Estado que recibe a un preso no puede aplicarle sus beneficios
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El Estado que recibe el traslado de un preso condenado en otro país de la Unión Europea (UE) no puede aplicarle una redención de pena por el trabajo realizado en el segundo, cuando las autoridades competentes del mismo no le hayan concedido tal reducción en virtud de su Derecho interno. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia del 8 de noviembre.

En el litigio enjuiciado, un ciudadano búlgaro fue condenado a 15 años de prisión en Dinamarca. Durante su reclusión, y antes de ser trasladado de vuelta a su país, realizó trabajos durante un periodo de 18 meses.

La legislación búlgara prevé que el trabajo realizado por el condenado se tendrá en cuenta a efectos de reducción de condena: por cada dos días trabajado se computarán tres de privación de libertad. Las autoridades danesas, por su parte, señalaron expresamente, en el traslado, que su legislación no permitía reducir la pena por trabajo realizado.

Ante tal situacion, el Tribunal de Sofía (Bulgaria) decidió elevar al TJUE una cuestión prejudicial. En su consulta planteaba si era conforme a Decisión Marco 2008/909 sobre reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, una norma nacional que autoriza al Estado de ejecución de la condena una redención de pena no concedida en el Estado emisor.

Reconocimieno mutuo

En su resolución, el Tribunal de Justicia de la UE expone que, en lo que respecta a la parte de la pena cumplida en el territorio del Estado miembro de emisión, se aplicará el Derecho de tal Estado. Por otra parte, al tiempo de condena que se cumpla en el país de ejecución -el receptor-, se le aplicará su propia normativa nacional.

La ponente de la sentencia, la magistrada Maria Berger, asevera que cualquier interpretación contraria a este criterio pondría en peligro los objetivos perseguidos por la Decisión Marco -en particular, el principio de reconocimiento mutuo-, así como la confianza de los Estados miembros hacia los sistemas jurídicos del resto.


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