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Una norma inaplicable

24/06/2015 - 11:06
Foto: Archivo

Las normas nacen, ontológicamente, para ser aplicadas. De ahí, Séneca extrajo una máxima que enseña que donde hay leyes, no hay discusión (Epistulae, 97,38). Las palabras de Séneca son sabias, pero el transcurso de unos cuantos siglos impone ciertas matizaciones.

Como es conocido, en el año 2012, se produjo una regularización tributaria excepcional que, pagando un 10 por ciento de impuestos, permitía ponerse al día con el fisco a aquellas personas que disponían de bienes y derechos en el extranjero o dinero en efectivo no declarado.

El objetivo de Hacienda, indisimulado, era recaudar lo máximo para hacer frente a un agujero recaudatorio de 2.500 de euros en los Presupuestos del Estado y, para animar a los afectados, se fue modificando la normativa cíclicamente hasta la fecha límite de presentación, el 30 de noviembre de ese año.

La situación que se vivió en el mundo tributario fue lamentable, a fuer de caótica. Un Real Decreto Ley que se iba desregulando a través de órdenes ministeriales, instrucciones, preguntas frecuentes, videos informativos y campañas amigables de Hacienda para que se coadyuvara a los clientes de los despachos profesionales a acudir a la llamada del fisco, obligándose incluso al organismo encargado de velar por la lucha contra el blanqueo de capitales a rectificar su criterio a tal respecto en dos misivas contradictorias.

Al final, los beneficiados por dicha regularización pagaron entre el uno y el dos por ciento sobre el capital que tenían en el extranjero pero, ante una panorama de tal inseguridad, hubo mucha gente -la inmensa mayoría- que no quiso saber nada de amnistías.

Y eso que uno de los medios amenazadores que el Ministerio utilizó -el palo y la zanahoria- fue crear una normativa antifraude que no admite parangón en todo el orbe civilizado, cuyo proyecto fue ampliamente difundido en la época -como ahora la lista de defraudadores- y que entró en vigor en el ínterin del proceso de regularización. Lejos quedan las leyes candorosas e inocentes que anhelaba Montesquieu, quien caería en pura catarsis de vivir en las circunstancias actuales.

Como escribí por aquella época, la Ley 7/2012 es una norma opresora que da carta de naturaleza a una imprescriptibilidad de la deuda tributaria y a un régimen sancionador que sitúan a España en lo que algún autor ha llamado Guantánamo tributario. Quien no hubiera regularizado la amnistía y, en paralelo, no hubiera informado de sus bienes y derechos en el extranjero en el año 2012, se situaba en tierra de nadie, enfrentándose a un problema aparentemente irresoluble.

Esta diferencia de trato para unos y otros defraudadores, los amnistiados y los que no se fiaron del Ministro, me recuerda a la clasificación de las leyes que realizó Vandelli, entre las que se encontraba la legislación esquizofrénica, propia de Jekyll y Hyde en el Parlamento. Desde entonces, son muchas las voces autorizadas que claman -permítanme incluirme- contra esa normativa antifraude, a la que cabe achacar vicios de inconstitucionalidad, de contrariar las libertades comunitarias y hasta los mismísimos derechos humanos, de tal manera que algunos territorios forales la cambiaron, admitiendo la prescripción del capital en ciertos casos.

Nótese, además, que al dejar en el limbo a los que no acudieron a la amnistía, Hacienda está dejando de beneficiarse de un gran número de bases imponibles de tributación presente y futura pues, lógicamente ante tal panorama, una postura sensata aunque timorata es la de quedarse quieto en espera de acontecimientos.

Un primer paso para la desaparición de tal dislate legal fue la contestación que la Comisión Europea dio a las denuncias que plantearon algunos valientes, en la que advierte mimbres suficientes para iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Luxemburgo, en clara aplicación de un mínimo de cuatro precedentes judiciales en ese sentido de dicho orden judicial.

Sin embargo, el tiempo ha ido pasando y los antiguos territorios donde tradicionalmente ocultaban los ahorros los españoles -Andorra y Suiza, no así Gibraltar- se están viendo coadyuvados por el entorno internacional a firmar un acuerdo multilateral de intercambio de información que hará que, en 2017, deban dar información automática a otros países.

Ante esta tesitura y dado el carácter confiscatorio de la Ley antifraude, muchas personas han procedido a regularizar su situación tributaria fuera de plazo, de la única manera que se permite en los formularios tributarios diseñados por la propia Agencia Tributaria: mediante declaraciones complementarias de los años no prescritos, presentando asimismo fuera del plazo reglamentario el modelo informativo de activos en el extranjero.

Pues bien, ya podemos decir que la Agencia Tributaria ha sacado toda su artillería, aplicando de forma inmisericorde las consecuencias inhumanas de la ley antifraude de 2012, a través de inspecciones con liquidaciones que superan el total del capital que se disponga en el extranjero, lo que me trae a la memoria las letras con que se despedía la mítica Escopeta Nacional, "y ni fueron felices ni comieron perdices? desgracia habitual mientras haya ministros y administrados".

Por Esaú Alarcón García. Jurista y profesor de la Universidad Abat Oliba CEU


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