Opinión

La inmigración y el dilema de Dublín

Imagen: efe

La política europea sigue dominada por tensiones en torno de la inmigración. En Italia, el ministro del interior Matteo Salvini (un agitador populista) monopoliza la atención de la opinión pública con sus casi diarios arrebatos contra los inmigrantes. Su par alemán, Horst Seehofer, también creó una crisis en la coalición de Gobierno que integra para conseguir nuevas medidas contra los solicitantes de asilo que intentan entrar a Alemania desde Austria. Salvini y Seehofer aseguran que a sus países los dejaron solos en la lucha contra la inmigración ilegal, y que eso los obliga a concentrarse en buscar soluciones nacionales, no europeas. Se equivocan.

Lo cierto es que la acción de la Unión Europea ha sido fundamental para la reducción de los flujos de llegada irregulares, que han disminuido considerablemente desde el ingreso masivo de refugiados sirios a través de Grecia y Hungría en 2015. Gracias al acuerdo que la UE firmó con Turquía en marzo de 2016, muy pocas personas hoy están cruzando hacia Grecia. La cantidad de llegadas a Italia también es sólo una fracción del total del año pasado. En conjunto, los cruces ilegales a la UE se han reducido a unos 100.000 al año, contra más de un millón de personas que se calcula llegaron en 2015.

Es una cifra claramente manejable, dado que la población de la UE supera los 500 millones. Sin embargo, algunos políticos siguen explotando la cuestión migratoria, que se mantiene viva en las noticias por algunos arribos muy visibles (en particular, el numeroso contingente de migrantes rescatados frente a la costa de Libia).

Pero la cuestión real que hay que resolver es a qué país le corresponde hacerse responsable de aquellos que ya entraron a territorio de la UE. La incapacidad de la UE para dar una respuesta a esta pregunta que satisfaga a todas las partes pone en riesgo la supervivencia del Espacio Schengen de libre movilidad interna. En los papeles, la UE tiene reglas claras sobre el asunto: según la Convención de Dublín, la responsabilidad de atender a cada solicitante de asilo corresponde al Estado miembro por el que ingresó. Pero como es natural, los países con fronteras al exterior de la UE (como Grecia e Italia) se quejan de que esto les genera una carga inequitativa.

Los solicitantes de asilo también se resisten a esta regla. Dadas las desfavorables condiciones del mercado laboral en los países fronterizos meridionales, muchos solicitantes se van directos al norte de Europa para solicitar asilo allí. Por eso Alemania, que no tiene frontera externa, recibe más solicitudes de asilo que Italia. Muchos de esos casos son personas que ya están registradas en la base de datos de solicitantes Eurodac de la UE.

Según la Convención de Dublín, en estos casos Alemania tiene derecho a pedir que otros Estados miembros "se hagan cargo" (tal el término jurídico) del solicitante. Pero la regla del país de ingreso tiene muchas excepciones. Por ejemplo, puede ocurrir que la solicitud de asilo deba tramitarla el segundo país (en este caso, Alemania), si el solicitante ya tiene familia allí. O si el solicitante consigue salir del país de ingreso por tres meses, en cuyo caso puede retirar la solicitud inicial y presentar una nueva en otro Estado miembro de la UE.

Estas excepciones dan a los solicitantes de asilo amplio margen para disputar en tribunales las transferencias conforme al sistema de Dublín. Además, las autoridades nacionales tienen fuertes incentivos para oponer cuestiones de forma o de fondo a los pedidos de transferencia de ingreso, y para tratar de enviar al extranjero a tantos solicitantes como puedan. En 2017 se presentaron alrededor de 160.000 pedidos de "hacerse cargo", pero sólo unos 20.000 llegaron a implementarse. Estos factores, sumados a las discrepancias entre los sistemas legales y procedimientos administrativos de los Estados miembros de la UE, han restado en gran medida efectividad a la Convención de Dublín.

En esta realidad se originan las recientes tensiones dentro del Gobierno de coalición alemán. De más de 60.000 pedidos que presentaron las autoridades alemanas en 2017 para que otros Estados miembros se hicieran cargo de solicitantes de asilo conforme a la Convención de Dublín, menos del 15 por ciento se implementaron en la práctica, dando lugar a sólo 7.100 transferencias. Pero en 2016, Alemania implementó cerca del 30 por ciento de los 27.000 pedidos que recibió; es decir, se hizo cargo de unas 8.700 personas. De modo que Alemania se convirtió en receptora neta de transferencias bajo el sistema de Dublín, pese a no tener fronteras externas.

Por eso Seehofer quiere impedir el ingreso a Alemania de solicitantes de asilo que ya hayan sido registrados en Eurodac en otros países. Pero no es el único que está molesto: el abismo entre los principios legales y la realidad llevó a que ningún Estado miembro esté satisfecho con el sistema actual. Los países fronterizos insisten en que la Convención de Dublín no es justa con ellos, y los países del norte se quejan de que no se la está implementando bien.

Un sistema de asilo donde numerosas burocracias nacionales juegan a la patata caliente con los solicitantes no puede funcionar. Hay que centralizar en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) la responsabilidad de interpretar las reglas de asignación de refugiados (por ejemplo, decidir a qué país le corresponde hacerse responsable cuando los Estados miembros no se ponen de acuerdo). También sería útil crear incentivos financieros para aceptar refugiados (por ejemplo, un monto fijo por cada uno).

Estas dos medidas no bastarán a los populistas, porque su combustible político es el rechazo a refugiados y migrantes (e incluso su demonización y la de quienes los ayudan). Pero reforzar la EASO y mejorar el apoyo financiero debería ayudar a aliviar las tensiones actuales, al menos hasta que pueda contemplarse una reforma radical del sistema europeo de asilo.

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