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La semana pasada fue un hito en la relación entre la política y la economía. Un reconocimiento -por la vía de los hechos- de errores en el volumen y ritmo del gasto, en la capacidad de financiarlo, sin embargo aún no se ha asumido que la orientación era inapropiada.
Los recortes ofrecidos son necesarios y debería seguirse con los ajustes complementarios que den sentido a lo propuesto. Para lograrlo hay enfoques a seguir y otros a combatir, algunos son los que siguen.
Se necesitan efectos curativos y no meramente paliativos, esto es, profundizar en la línea iniciada, combatir los atisbos de euforia y asumir el error del aumento del gasto público excesivo, innecesario, suntuario, decorativo y que denota un estatus.
Se ha de acabar con la causa (desde luego no es la crisis) y no limitarse a los efectos. En otras palabras, prevenir para no tener que volver a curar. Para esto hay que desterrar la creencia de que mayor es mejor y aceptar que se impone hacer más y mejor con menos.
Las Administraciones Públicas son servidoras de la ciudadanía. Buena parte de los funcionarios lo entienden así, pero los que se regodean en poner trabas o actúan según su albedrío exigen cosas que exceden sus atribuciones o multan sin fundamento ni necesidad, humillan a los ciudadanos, roen la conciencia cívica y llevan al descrédito de las instituciones debilitando la confianza y el sentimiento de pertenencia a la comunidad.
Deben dar ejemplo de dedicación, eficacia y eficiencia, siempre con cordialidad y atención. Han de ser fieles a la premisa de la libertad y la democracia, esto es, que sólo pueden hacer lo que les está estrictamente autorizado y entender que en el ámbito privado (ellos mismos lo son) es lícito todo lo que no está específicamente prohibido.
El Estado del Bienestar es incompatible con la indolencia, el menosprecio, la desatención y la ineficiencia. El reconocimiento de errores es la premisa básica para evitar su reiteración. Cuando un desacuerdo entre ciudadanos y Administración debe dirimirse en los tribunales, la parte estatal debe aceptar la primera resolución y no recurrir, pues la judicatura también pertenece a la Administración Pública.
Es el momento de resaltar la responsabilidad y abominar del oportunismo (actuar en beneficio propio con dolo). Ha de priorizarse la creación frente al reparto, acotarse el uso y castigar el abuso. La solidaridad debe hacerse en los dos sentidos, esto del que da al que recibe y viceversa, de otro modo deja de serlo para convertirse en explotación. Cuando sea necesario hay que sancionar sin acosar, recaudar con transparencia y no dar lugar a opacidad, como ocurre con las hojas de salarios en las que no se incluye la parte de la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa.
También ha recordarse que la empresa española tiene una imposición total superior a la alemana, según Doing Business 2010 56,9% del beneficio frente a 44,9%, ¿qué lógica hay en esto?, ¿qué implicaciones?
El mercado debe ser un ámbito libre y equitativo. Las cargas fiscales deben ser para todos sin que se priorice una determinada figura de sociedad frente a otra. El fair play es incompatible con los privilegios, ya sean derivados de la titularidad o de la figura legal elegida.
Se impone un proceso de cambio social y económico que conviene se haga con buena fe y el deseo de que dé un resultado de suma positiva. El cambio debe ser elegido libremente porque así se tiene en cuenta el conocimiento y preferencias de todos. Así es más lento que si se decide por la simple autoridad, pero gana en legitimidad, profundidad y calidad. La autoridad no debe imponer, sino facilitar eliminando trabas. Con eso se da calidad al resultado, se hace más estable y se reduce la incertidumbre respecto al porvenir.
La inversión importa más que el consumo. La primera es la condición previa del segundo. La deuda sólo tiene sentido si facilita la inversión y la producción que aporta el consumo futuro. Caso contrario es la antesala de quiebra y estrechez. La eficiencia es tanto más valiosa cuanto menores son los recursos disponibles, de ahí la conveniencia de la especialización en cada ámbito. El privado, producir y el público, regular y supervisar.
El trasfondo ético es el nervio de la actuación. Requiere coherencia para cumplir las promesas, humildad y sabiduría para reconocer los errores y sus causas -sin lo que no hay credibilidad-, claridad en los objetivos y medios, mano tendida a los demás. Como dice J. Sellés hemos entrado en un momento kennedyano y dejamos atrás el keynesiano. En esta situación, o se empuja o se frena. La contemplación y la glosa pueden esperar.
Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo. Fomento del Trabajo Nacional.
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La mayor grandeza del capitalismo está en el incentivo de la competencia. Que por su propia naturaleza, establece en la relación de los factores de producción. El fracaso de otros sistemas, buenos en sus intenciones, se propició a través del intento de considerar que todas las personas respondemos de la misma forma ante unos determinados estímulos.
Todos los seres humanos compartimos muchas características comunes, pero no somos o nos comportamos de idéntica forma ante determinadas situaciones. Por ello, la competencia, lejos de ser germen de enfrentamientos, lo es de incentivo o motivación. La ambición, sana, es un estimulo más que un reproche. Bien entendida, es la que lleva a las personas a superarse, a no desfallecer ante el primer problema que se presenta. A luchar, honestamente, por alcanzar unos objetivos.
Adam Smith, economista y filósofo escocés, sostenía que la riqueza y el progreso procedían del trabajo, uno de los factores de la producción.
Por ello, si volvemos a dar al trabajo, el valor que realmente tiene, se intervienen y regulan las prácticas indecentes y delictivas de los llamados mercados financieros, se castiga la corrupción con dureza y sin contemplaciones, volveremos a una senda de crecimiento real, sano y sostenible.

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