José Eugenio Soriano: Grecia: ¿remojando nuestras barbas?

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El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo sobre racionalización de estructuras en la Administración General del Estado, reducción de altos cargos y reordenación del sector público empresarial.

Con él, parece querer ofrecer a los analistas internacionales la impresión de que efectivamente ya hemos dado los pasos necesarios para conseguir una reducción efectiva del gasto público.

Pero, en realidad, todo mirado, los pocos millones de euros que se ahorran de órganos, algunos con trayectorias acreditadas, no son más que calderilla. Los grandes y provocadores gastos públicos no han tenido recorte alguno.

Sobran ministerios completos, las comunidades autónomas no están embridadas, la absurda y espeluznante creación de empresas públicas autonómicas continúa desangrando las arcas públicas, el gasto no tiene control alguno, especialmente en lo que hace a la economía sumergida, nada perseguida en realidad por autonomías y ayuntamientos.

Abusos de poder

Y es que el descontrol sobre los organismos públicos es muy grande. Nótese que está directamente relacionado con los favores que el poder concede a sus favorecidos. Y que tales favorecidos son siempre los mismos: personas cercanas de las que de una u otra manera depende el poder para continuar ahí, ejerciendo las mismas cosas, las mismas, sin cambio alguno; esto es, colocar a gente inútil para los ciudadanos pero que constituye un ejército de reserva para el poder.

El ejército de los colocados, eternos estómagos agradecidos que endogámicamente apoyan la continuidad de las cosas tal como están y que constituyen la mayor resistencia al cambio a mejor, a más transparencia.

La dudosa selección de funcionarios

Porque es la transparencia lo primero que impide el poder. Si se supiera la mitad de la mitad de cómo se toman las decisiones -o no se toman- y por qué, veríamos con sorpresa que no habría justificación alguna para que decenas y decenas de sujetos continúen colocados en organismos públicos, desempeñando una labor inútil para un órgano casi siempre inútil también.

En Grecia, en cuanto han comenzado a apretar los inversores extranjeros, la ciudadanía ha salido en tromba con huelgas, manifestaciones y toda clase de protestas. Pero en cuanto se miran un poco las cosas, se observa que quienes se manifiestan son siempre los mismos. Y éstos son los empleados públicos que, colocados por padrinos y mecenas -del dinero público y por tanto ajeno-, ahora no tienen tanta capacidad para continuar garantizándoles la holgazanería y tranquilidad con la que, sin apenas esfuerzo alguno, vivían de maravilla a costa de los demás.

La evaluación del desempeño ha sido, hasta ahora, un elemento totalmente desconocido. Y es que, dentro del sistema público, solamente puede hacerse si se hace bien; esto es, con técnicas objetivas y, desde luego, con profesionalidad, lo cual implica, a su vez, gastarse dinero en realizar esa evaluación. Evaluación que es además totalmente necesaria.

Aquí continuamos despeñándonos por el camino helénico. El Gobierno es totalmente incapaz de cortar en seco y enfrentarse con sus amigos, los sindicatos, en primer lugar; y la patronal, en segundo; con los empleados públicos que por miles colocan las administraciones sin oposición y sin evaluación mínimamente seria.

Hay muchas administraciones que, además, viven felizmente del dinero ajeno, casi siempre del de otras a las que parasitan e imponen los privilegios que con pólvora del Rey disparan alegremente para así continuar con sus privilegios.

Son todas estas realidades las que provocan la hemorragia del sector público. Y son éstas las que tienen que acabarse. Si no es así, después de Grecia podemos ir nosotros. La televisión belga ha dedicado un programa de una hora a debatir sobre que le pasaría a la Unión si España sigue el camino de Grecia.

El Gobierno mira a otro lado. Pero la cuestión es que ya nos empiezan a mirar quienes algún día decidirán sobre nosotros. O acabamos con estos privilegios, o los privilegios acaban con nosotros.

José Eugenio Soriano, catedrático de Derecho Administrativo de la UCM.

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