Gobierno y agentes sociales fijan como objetivos recuperar el crecimiento y crear empleo

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La hoja de ruta del diálogo social no recoge las peticiones de los empresarios (29/07)

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Gobierno, sindicatos y empresarios han firmado un manifiesto que resume los objetivos a perseguir en el diálogo social durante los próximos cuatro años. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha resumido que las tres grandes prioridades de la nueva etapa de diálogo social que se abre hoy son la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleo y el mantenimiento de la protección social.

Así lo aseguró en la conferencia de prensa posterior a la firma de la denominada "hoja de ruta" del diálogo social para esta legislatura, que suscribió con los presidentes de la CEOE y CEPYME, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, y con los secretarios generales de CCOO y de UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez.

Una fuerte desaceleración

La "Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social" tiene diez páginas y en ella se afirma que la economía española ha pasado de crecer y crear empleo a ritmos "intensos", a experimentar una fuerte "desaceleración", que ha provocado un "importante" impacto negativo en las empresas y en la creación de puestos de trabajo.

Un país que es capaz de renovar, más allá de las circunstancias, el compromiso entre empresarios, sindicatos y Gobierno es un país capaz de lograr las metas que se proponga en lo económico y lo social", subrayó Zapatero tras suscribir con los dirigentes empresariales y sindicales en el Palacio de La Moncloa la 'hoja de ruta' del diálogo social para esta legislatura.

El presidente, que garantizó que cumplirá "fielmente" con lo pactado, precisó que los objetivos de esta etapa de diálogo social serán recuperar el crecimiento de la economía española, crear empleo y mantener la protección social.

Para ello, dijo, habrá una serie de prioridades, entre ellas el apoyo a la financiación de las empresas, la formación profesional, la recolocación de los desempleados y una "nueva puesta en común" para fortalecer el sistema de pensiones.

Detalles del manifiesto

La Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social firmada hoy en Moncloa comienza con un diagnóstico compartido de la situación económica, en el que se constata que la desaceleración ha provocado un importante impacto negativo sobre el empleo y la actividad empresarial.

El origen de esta situación se halla en la crisis financiera internacional, la escalada de los precios del petróleo y de las materias primas y en la "crisis" que atraviesa el sector de la construcción residencial. En España, subrayan los firmantes, la "crisis" se ha traducido en un "significativo" aumento del paro, en un endurecimiento de las condiciones crediticias y en unos tipos de interés más elevados. Todo lo anterior, unido a la desaceleración del consumo, al mayor endeudamiento de familias y empresas y al repunte de la inflación y de las materias primas, supone un "empobrecimiento" para el país, con los consiguientes efectos negativos para determinados colectivos.

No obstante, Gobierno, patronal y sindicatos destacan que la economía española cuenta con "importantes fortalezas", que deberían ayudar a superar los desafíos que se presentan. Entre estas fortalezas citan el diálogo social, que se han propuesto reforzar y dotar de mayor relevancia ante esta nueva situación.

Retos económicos

Los retos que las circunstancias económicas plantean son varios. El principal es el empleo y la necesidad de avanzar hacia un modelo de crecimiento económico más competitivo, que apueste por la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido.

Para ello y a fin de reactivar la economía "lo antes posible", el Ejecutivo y los agentes sociales consideran necesario afrontar, a corto plazo y con medidas complementarias a las ya articuladas, las necesidades de financiación de las empresas, especialmente de las pymes, al tiempo que destacan la necesidad de prevenir la destrucción de empleo, facilitar la recolocación de los desempleados y garantizar la cobertura social. Asimismo, subrayan que el nuevo modelo productivo exige un mercado laboral que facilite el trasvase entre empleos poco productivos a puestos de trabajo con futuro.

Los firmantes apuestan por invertir en capital humano, potenciar la formación profesional y su vinculación al empleo, introducir mayor competencia en los mercados de bienes y servicios mediante reformas estructurales y ampliar la capacidad de investigación e innovación, todo ello compatible con la sostenibilidad del Estado de Bienestar y los avances en solidaridad, igualdad y cohesión social.

Diálogo reforzado

En la declaración, el Gobierno se compromete a tomar todas aquellas medidas de política económica que ayuden a España a situarse en una senda de crecimiento equilibrado y a mantener un diálogo social "reforzado" sobre políticas de infraestructuras y medioambientales, industriales y energéticas, de I+D+i, políticas educativas, sanitarias, de vivienda, y de mejora de la competencia y de eficiencia de las administraciones públicas.

El Ejecutivo expresa, además, en este documento su voluntad de reforzar la función de los agentes sociales, revisando junto con sindicatos y empresarios los instrumentos de participación institucional mediante aquellas reformas que estime adecuadas. Además, los firmantes acuerdan impulsar el diálogo social en las administraciones públicas, en particular en el desarrollo del Estatuto Básico que les afecta, y reforzar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

Gobierno, CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme declaran que el proceso de diálogo social debe ser "abierto" y permitir priorizar y fijar calendarios adaptados a la situación económica y del empleo. En esta nueva etapa, las partes se proponen desarrollar las cuestiones que quedaron pendientes de los acuerdos sociales firmados en la anterior legislatura, así como establecer nuevas prioridades.

Modernizar el INEM

En materia de empleo, analizarán los resultados de la reforma laboral que pactaron en 2006 para plantear, en caso necesario, nuevas actuaciones que contribuyan al objetivo de crear más y mejor empleo; y abordarán la modernización de los servicios públicos de empleo para lograr itinerarios personalizados y una mayor y mejor intermediación laboral.

Asimismo, destacan la necesidad de avanzar en la coordinación de los servicios de empleo territoriales de las distintas comunidades para garantizar la igualdad de oportunidades en toda España, se comprometen a desarrollar la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y el Estatuto del Autónomo y a reforzar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo mediante las reformas que sean necesarias.

En el área de inmigración, abogan por seguir poniendo en práctica políticas de inmigración vinculadas estrechamente a las necesidades del mercado laboral; en materia de igualdad, las tres partes convienen en seguir trabajando para ampliar la participación de las mujeres, evitar la discriminación salarial y avanzar en la conciliación de la vida personal y familiar, y en el apartado de formación, apuestan por desarrollar estrategias que favorezcan la formación a lo largo de la vida, tanto dentro como fuera del empleo.

En el ámbito de la negociación colectiva, sindicatos y empresarios afirman compartir la necesidad de reformar la actual estructura, aunque sin la participación del Gobierno, al tiempo que resaltan la importancia de los acuerdos interconfederales (los llamados ANC) para seguir mejorando las condiciones laborales, evitar la destrucción de empleo y la pérdida de competividad.

En el área de la protección social, los firmantes se comprometen a continuar desarrollando la reforma de la Seguridad Social pactada en la anterior legislatura y a analizar materias como la incapacidad laboral, la jubilación anticipada en determinadas actividades, la previsión social complementaria, los regímenes de Empleados del Hogar y Agrario y la Ley de Dependencia.

Todos estos temas serán objeto de discusión en esta legislatura, aunque Gobierno y agentes sociales se reservan la posibilidad de incluir por acuerdo otros nuevos que consideren relevantes en función de la situación económica y laboral. Una Comisión de Seguimiento integrada por miembros de las tres partes se encargará de priorizar los ámbitos a negociar y establecer los calendarios. En la primera semana de septiembre, dicha Comisión determinará qué temas requieren más inmediatez.

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