La amenaza de ETA 'costará cara': se buscan 200 escoltas para ex concejales

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Mariano Rajoy y Maria San Gil, presidenta del PP del Pais Vasco, abandonan su hotel protegidos por su escolta personal. Foto: Archivo

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"Sabemos que van a golpear; no sabemos dónde, porque el campo es muy abierto. Hay que estar preparados y ponérselo lo más difícil posible". Así de claro se expresa Luis Mariscal, coordinador en el País Vasco de la Asociación Española de Escoltas.

Mariscal confirma que, tras el atentado que costó la vida a Isaías Carrasco en Mondragón y del posterior comunicado de ETA hay una demanda adicional de personal para ocupar puestos de escoltas en el País Vasco. Se necesitarían unos 200 profesionales más para poder cubrir con normalidad este servicio. Esto supone un sobrecoste de unos 12 millones de euros al año.

La demanda de más efectivos se sustenta en que a algunos amenazados se les han doblado los servicios (se les pone dos escoltas en vez de uno) y ante la imposibilidad de retirar la escolta a los ex concejales, aquellas personas que no se presentaron a su reelección en los comicios locales de mayo de 2007.

En principio a estos ex cargos públicos se les mantenían los servicios de protección unos seis meses después de dejar el cargo o incluso algo más, dependiendo de cada caso, pero después dejaban de requerir estos servicios. Pero el asesinato de Isaias y el posterior comunicado de ETA ha variado la situación.

Más de 120 millones

Para proteger a los amenazados del País vasco y Navarra está desplegado un dispositivo de alrededor de 3.000 escoltas , labor que desarrollan generalmente profesionales de empresas especializadas, que cubren su seguridad las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de asegurar la protección de los cargos de PP y PSE, jueces y fiscales, empresarios, periodistas, etc.

La esperanza desencadenada por la tregua de ETA de 2006 hizo que muchos pensaran que se acercaba el día en que no tuvieran que ir escoltados, e incluso algunos amenazados, no muchos, pidieron que se les retirase la protección.

Por el lado profesional, se empezaron a analizar nuevas salidas laborales para los escoltas , como su reciclaje para proteger a mujeres maltratadas. Sin embargo, el final de la tregua dio al traste con todo ello y evidenció la necesidad de continuar con el ingente despliegue de seguridad.

El coste de esta protección lo sufragan el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco a partes iguales y tiene ya un peso económico significativo que obliga su consignación presupuestaria.

Así, los presupuestos del Gobierno vasco para el ejercicio 2008 reservaron para este fin una partida de 60 millones, a la que se suma otra similar del Gobierno central. Por tanto, estamos frente a un gasto de al menos 120 millones de euros al año, que a la vista de los últimos acontecimientos se incrementará este año.

En previsión de gastos adicionales, como la nueva demanda de mayores efectivos, existe dotación económica disponible. Así, los Presupuestos del Gobierno vasco de 2008 dejan la puerta abierta a un crédito de compromiso de hasta los 65 millones por si fueran necesarios.

Para que sean las arcas públicas las que costeen los gastos de escoltas y sistemas de protección tienen que evaluarlo y considerarlo necesario las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza.

En ocasiones, hay algunos cargos municipales que rechazan la protección, por lo que esto supone para su vida cotidiana, pero tanto PP como PSE insisten para que no queden expuestos al peligro.

Segunda línea de seguridad

Desde el Departamento de Interior del Gobierno vasco aseguran que en ningún momento, ni siquiera durante la tregua, se relajaron las medidas de seguridad en ninguno de los colectivos amenazados, aunque sí que se volvieron a poner los escoltas a las personas que voluntariamente habían renunciado a los mismos.

A raíz del asesinato de Isaías Carrasco el Partido Socialista estableció una "segunda línea" de seguridad para proteger a sus antiguos cargos públicos, según explicó ayer en Punto Radio el parlamentario socialista, José Antonio Pastor.

De ahí que desde ese mismo fatídico 7 de marzo se pusiera en marcha un plan especial para incrementar la seguridad sobre los concejales de la anterior legislatura.

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