El Gobierno ha aprobado la ley con la que quiere cambiar el modelo económico

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José Luis Rodríguez Zapatero junto al presidente andaluz, José Antonio Griñán.

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El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de economía sostenible, que incluye reformas en el ámbito laboral, medioambiental, económico, la controvertida Ley Sinde y, medidas financieras mediante las cuales pretende cambiar el modelo productivo español en diez años y basarlo en industrias con mayor valor agregado.

Más innovadores y más competitivos

"La ley de economía sostenible significa ser más innovadores, más competitivos (...) con un alto componente global", según ha dicho en rueda de prensa desde Sevilla el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el consejo de ministros celebrado en la capital hispalense.

Hasta el estallido de la crisis financiera global a finales de 2008, el crecimiento económico estaba apoyado principalmente en el sector de la construcción, cuyo mercado laboral se nutre principalmente de mano de obra no cualificada.

La ley se pondrá en marcha con fondos de fomento de actividades económicas por un importe de 25.000 millones de euros.

El Gobierno está ultimando un texto con las medidas urgentes contra la crisis que quiere consensuar con los partidos políticos y que se plasmarán en un decreto-ley, según anunció hoy el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente también afirmó que en la próxima semana remitirá a los partidos políticos este documento, que contendrá las medidas en las que el Gobierno ha coincidido con los distintos grupos.

Las novedades de la Ley de Economía Sostenible irán dirigidas a favorecer la concesión de créditos, la rehabilitación de viviendas y el empleo, así como otras que los partidos han considerado perentorias

Según lo establecido en el anteproyecto, la ley incluirá reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación en el sector público y la creación de empresas, lo que estará acompañado de incentivos fiscales a las empresas innovadoras y sostenibles, así como a la rehabilitación de vivienda.

Respaldo a la controvertida Ley Sinde

La norma está acompañada de un Fondo de Economía Sostenible de hasta 20.000 millones de euros, en vigor desde el 1 de enero y gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aportará 10.000 millones de euros, en tanto que la otra mitad se movilizará en el sector privado.

La Ley de Economía Sostenible lleva implícita la normativa conocida como Ley Sinde en referencia a la titular de Cultura o, 'Ley antipiratería', que permite bloquear las webs que infrinjan los derechos de autor, norma que ha sido fuertemente criticada tanto por consumidores, como por internautas y hasta la propia Fiscalía.

Instrumentos para el cambio

Con este presupuesto se financiarán actividades sostenibles que avancen en el cambio de modelo productivo a través de cuatro instrumentos: un fondo de inversiones de capital en infraestructuras, uno de capital riesgo, una línea de préstamos o avales a empresas y una línea específica de préstamos para rehabilitación de viviendas a particulares.

De acuerdo con el anteproyecto, la ley tiene entre sus objetivos establecer una regulación económica eficiente y un marco normativo estable con un bajo nivel de cargas administrativas, para que tanto la constitución de empresas como la contratación con las administraciones públicas sea más ágil.

En esta línea, el texto propone reducir la composición de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a un presidente y cuatro consejeros.

También incluye que las sociedades cotizadas estén obligadas a poner a disposición de los accionistas las retribuciones de los consejeros y que se voten en la Junta General.

Mayor control público

Por otra parte, el Ejecutivo quiere garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, involucrando a la administración autonómica y local en el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Por ello, el anteproyecto de ley incluye la obligación de que los ayuntamientos informen cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes.

Para luchar contra la morosidad en las empresas, obliga a las administraciones públicas a pagar en 30 días, un plazo que sube a 60 días en las transacciones privadas.

En materia fiscal, se aumentará la deducción en el impuesto de sociedades para las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del 8 al 12 por ciento, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4 al 8 por ciento.

En lo que respecta a la bonificación fiscal por la compra de vivienda habitual, a partir de 2011 se limitará a las rentas inferiores a 24.107,20 euros, pero se equiparará fiscalmente el tratamiento del alquiler al de adquisición y se creará una deducción del 10 por ciento (con un máximo de 3.000 euros al año) para las obras de rehabilitación.

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