"No se puede plantear una reforma laboral como un grito de guerra"

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Marcos Peña Pinto (Teruel, 1948) lleva toda una vida dedicado al mundo laboral. Licenciado en Derecho, es inspector de Trabajo y catedrático de Derecho del Trabajo. Experto en temas sindicales y en negociaciones colectivas, ha desempeñado toda su carrera profesional en la Administración.

Ha sido agregado laboral en la Embajada de España en Roma; responsable de la Secretaría General de Salud, en el Ministerio de Sanidad, y secretario general de Empleo en el Ministerio de Trabajo. Hoy preside el Consejo Económico y Social, un órgano consultivo constitucional que alimenta la democracia participativa.

En esta difícil situación económica se invocan reformas estructurales, pero la centralidad de la lucha contra la crisis se atribuye a la reforma laboral.

Se puede hablar de dos cosas. De la reforma del mercado de trabajo y de la reforma para el mercado de trabajo. Lo segundo es lo más apropiado. Al margen de toda la política de reformas que se puede y debe aplicar, hay una serie de elementos que determinan nuestro sistema productivo y nuestro mercado de trabajo y sobre los que hay que actuar. Son el sistema educativo, la inversión en inteligencia y el capital físico, las infraestructuras. Eso es lo que determina el mercado y es lo sustancial. Lo otro está sometido a debate. No hay que ofenderse ni considerar una profanación el plantear alguna reforma. Lo que no debe ser es un grito de guerra, sino un debate, en cierto modo laico, en el que nadie tiene la verdad absoluta.

Con la crisis, lo importante una vez más quedará preterido por lo urgente. Se piden medidas ah hoc, incluso de vigencia limitada.

En el CES no tenemos una postura común sobre esto. Hay divergencias sobre el qué hay que hacer, pero hay coincidencia en cómo hay que hacerlo. Y, sin lugar a dudas, sólo se puede hacer hablando. Ese reforzamiento del diálogo es el método para que se puedan acercar las ideas de cada uno hacia lo más razonable. En estos asuntos, con frecuencia, el procedimiento es más importante que la propia receta.

¿Y para empezar a hablar, ¿qué hay que poner sobre la mesa? Porque de sus palabras deduzco que no parece que esté muy claro

Hay que subrayar que los agentes sociales no son una pieza separada de la sociedad. La responsabilidad de un acuerdo no recae sólo en ellos. Todos somos corresponsables. Tan importante como un pacto social, o como se quiera llamarlo, es un entendimiento político previo que elabore un diagnóstico concertado de la situación y también un acuerdo que refuerce la lealtad institucional entre las diferentes administraciones.

¿Se dan esas condiciones previas de entendimiento político y pacto institucional?

Está claro que no pasa por sus mejores momentos. Lo que empieza a percibirse es un deseo de todos los actores sociales en que algo así se produzca. Todo el mundo sabe que la única herramienta de trabajo es la palabra. Este país lo está pasando mal y va a seguir pasándolo mal y tiene que repartir los sacrificios para que sean asumibles. Ese reparto equitativo de la carga es lo que nos interesa.

¿Cuál sería la actitud del CES si recibe el encargo de sentar las bases para ese diálogo?

El CES es un órgano constitucional de carácter consultivo. Como somos el alto órgano de consulta, cualquiera sería contestada, pero nosotros no somos el órgano de la concertación, aquí no se resuelven confictos de parte, no se concilian intereses.

Llevamos desde el mes de julio con la concertación social abierta y los resultados se hacen esperar. No hay acuerdos.¿Tiene alguna explicación para ello?

El problema no está en la debilidad de los actores sociales. El problema está en la dificultad de la situación. La pretensión de que llega un listo y resuelve las cosas es patética. El diálogo social ha funcionado en España estupendamente y forma parte ya de una determinada cultura. De repente se produce este cambio de escenario tan enorme y no es fácil acomodarse a la nueva situación. Lo que no cabe esperar, ni es bueno que se cree la expectativa, es un acuerdo milagro.

¿Los sindicatos se niegan a reformas laborales, porque dicen que la crisis no es laboral, sino de carácter financiero?

Independientemente de las causas, estamos en una situación de emergencia, en el doble sentido del término. Una situación de peligro, de daño que hay que resolver, que es un desempleo pavoroso. Hay que resolverlo con una política que tapone el mal, que corte la hemorragia, mediante el estímulo al consumo, la mejora del crédito y todas las medidas que sean necesarias. Pero emergencia también tiene el sentido de algo que brota y ahí surge la política de reasignación de recursos para cuando empiece la fase de emerger y ahí están las palancas esenciales, que es el nuevo modelo productivo basado en la educación, investigación, etcétera. Reasignar recursos significa también dar protagonismo al mercado de trabajo, ya que, al final, la persona es el factor estratégico por antonomasia.

¿El modelo productivo?

Pecamos de ingenuos si pensamos que el modelo productivo depende de una decisión. El modelo productivo que tenemos no es bueno. Es un sistema que promueve trabajo de baja cualificación y esa misma baja cualificación retroalimenta el modelo. Antes de estallar la crisis, España estaba en vías de esa modificación del modelo, creando empleo en sectores de tecnologías de la información, biotecnología, energías renovables, aeronáutica etcétera. Si se sostuviera la inversión en estos sectores, en un plazo de tres o cuatro años pueden ocupar el 15% del PIB, que es lo que ocupan hoy la hostelería y la construcción. Eso sí sería un cambio de modelo.

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