
La última vez que el Ministerio de Cultura auditó las cuentas de la SGAE, tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, fue hace diez años, bajo el Gobierno del Partido Popular. Desde entonces, ninguna institución pública se ha encargado de supervisar si los resultados económicos que presenta la entidad que gestiona los derechos de los autores se ajustan o no a la realidad.

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