El Gobierno prevé penalizar el pago a los proveedores a más de 60 días

El Gobierno busca desesperadamente una salida que le permita salir airoso del debate de reforma de la Ley de Morosidad. Una iniciativa de Convergencia i Unió a la que el PSOE se sumó en junio, a la fuerza y para no quedarse solo, y que en el último momento podría intentar solventar mediante la imposición, vía enmiendas, de imponer intereses disuasorios que penalicen los pagos de bienes y servicios en plazos superiores a 60 días, que es el tope máximo que establece el proyecto de reforma.

Volver a la noticia