El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo va a desarrollar una Ley de vivienda para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho de acceso a la vivienda en todo el territorio nacional y "poner fin" a la venta de la vivienda pública a los fondos buitre.

Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Sánchez ha asegurado que al Ejecutivo "no le va a temblar la mano" para que las administraciones que están detrás de este "intolerable" abuso que ha afectado "a tantas personas humildes" asuman sus responsabilidades políticas y económicas. Además, en el mismo pleno, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha recordado que no subirá impuestos a las clases medias y que bajará el IVA "femenino".

El caso concreto de Madrid

En concreto, ha señalado que en el caso de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra esta Comunidad en el juzgado de instrucción por la venta de vivienda pública a fondos buitre.

Los fondos buitre se hicieron con casi 5.000 viviendas públicas de la esta región, 1.860 procedentes de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Comunidad de Madrid y 2.935 procedentes del Instituto de Vivienda (Ivima).

Por su parte, el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, le ha transmitido al presidente del Gobierno que el aumento del alquiler en Madrid y Barcelona es "preocupante". En los primeros seis meses del año, el precio medio de la vivienda en alquiler en estas dos ciudades ha aumentado en unos 300 euros.

"Tenemos que intervenir. Hay mucha gente que se esfuerza mucho para pagar el alquiler y se merecen un Gobierno que los proteja", ha apostillado Iglesias, tras resaltar que se deben tomar medidas similares a las que se han tomado en países como Dinamarca o Suecia.

Para Iglesias, es necesario "acabar con los privilegios de las socimis, obligar de una vez a los fondos buitre y grandes tenedores de vivienda a que las pongan en el mercado y dar competencias a ayuntamientos para que puedan declarar determinadas áreas urbanas como mercado tensionado y puedan regular el mercado del alquiler".

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