¿Puede un Estado miembro exigir a las empresas de transporte en autocar que ofrecen servicios regulares transfronterizos dentro del espacio Schengen que comprueben, antes de cruzar una frontera interna, que los pasajeros poseen los documentos de viaje necesarios para entrar en el territorio nacional? La respuesta es negativa.

El Abogado General francés, Yves Bot, considera en sus conclusiones que es contraria al derecho de la Unión Europea la Ley alemana que obliga a las empresas de autocares a comprobar que los pasajeros llevan la documentación necesaria para garantizar la entrara regular en Alemania.

En sus recomendaciones a la Sala, de 6 de septiembre, propone al Tribunalde Justicia europeo que en su futura sentencia avale "que los controles que se obliga a realizar a las empresas de transporte en autocar que ofrecen servicios regulares transfronterizos dentro del espacio Schengen y por los que se les obliga a verificar, antes de cruzar la frontera interior, que los pasajeros disponen de los documentos de viaje necesarios para entrar en el territorio nacional pueden equipararse a inspecciones fronterizas del código de fronteras Schengen".

Y va más allá Yves Bot: " el mecanismo objeto de examen tiene el efecto de romper la relación espacial y temporal directa con el cruce de la frontera, restableciendo las fronteras territoriales e instaurando un control a distancia o un control deslocalizado, de modo que la expulsión no se produce en las fronteras, sino antes de llegar a ellas". Alemania estaría utilizando en realidad una normativa inicialmente destinada a los controles en las fronteras exteriores, lo que supone restablecer, "de manera subrepticia y menos eficaz, unas fronteras que, en principio, se habían suprimido", explica.

Asimismo, declara que si las autoridades nacionales competentes comprueban que una empresa de transporte en autocar que ofrece un servicio de transporte regular dentro del espacio Schengen "se aprovecha de su actividad con el objetivo de ayudar de manera deliberada a nacionales de terceros países a entrar ilegalmente en el territorio del Estado miembro de destino" y consideran que concurren los elementos materiales e intelectuales de la infracción de ayuda a la entrada irregular en el sentido de la Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares.

Concluye el Abogado General diciendo que "dichas autoridades deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que dicha infracción es objeto de una sanción penal efectiva, proporcionada y disuasoria, de conformidad con los principios recogidos en la decisión destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares".

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