Viernes, 7 de septiembre. El presidente del Comité de Empresa de Vestas, Juan Francisco García, atiende a elEconomista apenas unas horas después de que los directivos de la multinacional danesa pusiesen sobre la mesa el ERE extintivo para toda la plantilla de la planta de Villadangos del Páramo (León).

"Se veía venir pero cuando llega es un golpe", afirma el representante sindical, todavía impresionado por la multitudinaria manifestación que un día antes había recorrido las calles de la capital leonesa en defensa de la continuidad de la fábrica de aerogeneradores.

"La manifestación nos ha dado ánimos para seguir luchando. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar con el campamento noche y día frente a la planta para que no entre ni salga ninguna mercancía. Ésa es la fuerza que tenemos, la producción que está dentro, tanto la terminada como la que está sin terminar, como el V90, un aerogenerador que sólo se hacía en España y para la que no tienen en otro sitio ni los útiles ni los conocimientos", asegura.

Desde que el 28 de agosto, la multinacional de componentes eólicos anunció el cierre de la planta, tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno central han emprendido una auténtica ofensiva para mantener la actividad, que ha terminado en indignación por las formas demostradas por Vestas.

El cierre de la planta, un auténtico mazazo en una provincia que sufre un largo declive industrial, se anunciaba cuando desde la Junta y el Gobierno esperaban un encuentro para ofrecer apoyo a la compañía y evitar la supresión de cinco de las siete líneas de producción anunciadas en junio.

No iba a ser el primer respaldo público que recibía la planta. Desde su inauguración, en 2005, las ayudas habían sido constantes. Hasta sumar 14 millones de euros.

La compañía, en beneficios, había esperado además hasta que concluyesen los compromisos de actividad a la que estaban vinculadas alguna de esas ayudas para anunciar el cierre. Pero los trabajadores habían sido los primeros en sufrir las formas de actuar de Vestas.

"Nos han engañado y ahora ha quedado demostrado", afirma Juan Francisco García. "Cuando en junio anunciaron la reducción de la actividad se comprometieron a mantener el empleo durante todo el 2018, nos decían que no iba a pasar nada y que en 2019 tendríamos que negociar reducciones de plantilla. Nos pusimos a buscar medidas como bajas incentivadas, prejubilaciones, reducciones de jornada, incluso, llegando a la posibilidad de un ERTE con recolocaciones. Pero en realidad el ERE era para este año".

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