La aplicación de facto del acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) de forma gratuita también para inmigrantes sin papeles se retrasa, al menos, unos tres meses. A pesar de que el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto de sanidad universal, aprobado por el Consejo de Ministros hace unas semanas, también decidió tramitarlo como ley, de manera que los grupos parlamentarios puedan introducir cambias, vía enmiendas, en el futuro reglamento.

Las votaciones entre ambas propuestas difirieron, y mucho. Mientras que la convalidación de la norma contó con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones, la propuesta de tramitar la Sanidad Universal por la vía de urgencia fue respaldada por la práctica totalidad de los diputados presentes en el Congreso -excepto una abstención-, incluidos los del Partido Popular.

Aunque el Ministerio de Sanidad no ha cifrado el coste de la medida, se calcula que puede suponer una inversión de unos 500 millones de euros anuales. Esta es la cantidad en la que cifró el Gobierno de Mariano Rajoy el precio que tenía la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles en 2012.

En cualquier caso, la cifra es matizable, y no sólo por los movimientos poblacionales de los últimos seis años. Habrá que comprobar el efecto que tiene a su vez el copago farmacéutico que tendrán que abonar los sin papeles, que será del 40% del PVP de los fármacos, según el proyecto.

Coste añadido

Respecto al coste añadido que la medida supondrá para las autonomías, el Ministerio de Hacienda indicó hace semanas que lo asumirá la Administración Central y que le será abonado a las comunidades autónomas, aunque a día de hoy el mecanismo para ello todavía no se ha puesto en marcha.

Durante el debate celebrado en el Pleno, Carmen Montón, ministra de Sanidad, defendió que la norma "dignifica" la acción política, "elimina" desigualdades y garantiza el derecho a la sanidad, la solidaridad y la cohesión. "Una sociedad justa no deja a nadie atrás", afirmó.

Por otro lado, respecto a los múltiples recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno de Mariano Rajoy planteó a las comunidades autónomas que daban atención a la población irregular, Montón dio a entender que se retirarían una vez modificada la normativa y aprobada la Ley, puesto que "ya carecerán de sentido".

¿Humos sanitarios?

En cambio, Teresa Angulo, diputada popular, acusó a Montón de "vender humo" con una norma "irresponsable", que "abrirá las puertas" al turismo sanitario. Añadió que "fue el PP el que garantizó la viabilidad del SNS ".

Por su parte, Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, consideró que la tramitación no era "ni urgente ni extraordinaria" y que no asegura la igualdad en la asistencia sanitaria.

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