El desembarco en Valencia de empresas de alquiler de patinetes, bicicletas y motos eléctricas de uso compartido -a las que se sumarán, en breve, los coches eléctricos, que circulan ya en ciudades como Madrid- ha cogido a contrapié al Ayuntamiento, que carece de una normativa que regule la actividad de estas empresas en la vía pública.

El consistorio trabaja a contrarreloj en una normativa municipal de movilidad aplicable sobre este tipo de vehículos. Una vez definida, será el turno de la Concejalía de Hacienda, que prevé aprobar tasas por ocupación de la vía pública para el desarrollo de una actividad económica.

El objetivo, según las autoridades municipales, es lograr un marco amplio y flexible, adecuado para dar respuesta a otras posibles iniciativas innovadoras.

"Cualquier actividad económica que se realice en el espacio publico debe tener permiso de actividad" y de ocupación, subraya el alcalde, Joan Ribó.

Precisamente esa ausencia de autorización ha motivado el inicio de la retirada por parte de la policía de los patinetes eléctricos desplegados en Valencia la semana pasada por la empresa Lime, que acumula ya sanciones por unos 17.000 euros por ignorar los requirimientos del consistorio para que los recogiese.

"El espacio público es de todos, pero todos debemos respetar las normas que impiden que, en estos momentos, mientras no haya un permiso y el equivalente a una licencia, no se puede utilizar la vía publica en esa dirección", destaca el alcalde valenciano.

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